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El juez Sergio Moro, de la Operación Lava Jato, ordenó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva estar presente en las audiencias de los 87 testigos que presentó en una causa en la que se investiga su relación con la empresa Odebrecht y tres contratos fraudulentos en Petrobras, una decisión que irritó a los abogados defensores.
El juez Moro interrogará a Lula el próximo 3 de mayo en el juzgado número 13 de Curitiba, capital del estado de Paraná, límitrofe con la provincia de Misiones, por una causa en la que se investiga si un departamento en el balneario de Guarujá de la constructora OAS fue dado al líder del Partido de los Trabajadores como parte de ‘ventajas indebidas».
Pero la decisión sobre los testigos es por una segunda causa que tramita Moro, quien consideró excesivo el número de personas convocadas por Lula como parte de su estrategia de defensa, 87, entre ellos el actual ministro de Economía. Henrique Meirelles, quien fue presidente del Banco Central durante su gestión (2003-2010).
«Este juez tendrá que escuchar a 87 testigos de defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, además de decenas de otros. Entonces queda consignado que será exigida la presencia del acusado en las audiencias en las cuales hablarán los testigos de su propia defensa», escribió Moro en su fallo divulgado anoche.
El juez fue denunciado por Lula ante el comité de derechos humanos de la ONU por abuso de poder y persecución política, luego de que el 4 de marzo de 2016 ordenó llevar al ex presidente a declarar ante la policía por la fuerza, en una medida que fue repudiada por ministros de la corte suprema por no cumplir con el código de procedimientos.
El abogado defensor de Lula Cristiano Zanin Martins dijo en un comunicado que la decisión de Moro «es una arbitrariedad más contra el ex presidente porque subvierte el debido proceso legal, transformando una facultad del acusado en obligación».
Lula, favorito en las encuestas para las elecciones del próximo años, puede ser inhabilitado en caso de que reciba una condena que sea confirmada en la segunda instancia, hecho por el cual es también motivo de debate la celeridad -o no- de los procesos en su contra.
La causa que comenzará a juzgarse (en Brasil la causa no se eleva a juicio oral, emite una sentencia el juez de primera instancia) es una acusación de la fiscalía de Lava Jato que acusa a Odebrecht de comprar un terreno para alojar al Instituto Lula, algo que finalmente no ocurrió.

Fuente: Télam