Mendoza aprobó el uso de Uber: es la primera provincia en regular el servicio

En medio de protestas y presiones de taxistas, la plataforma electrónica Uber ya es legal en Mendoza, que se convierte en la primera provincia en regular el sistema virtual de transporte antes de que desembarque. La decisión oficial ya estaba tomada y, a pesar del rechazo a último momento del Partido Justicialista y parte del Intransigente, que reclamaban modificaciones […]



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En medio de protestas y presiones de taxistas, la plataforma electrónica Uber ya es legal en Mendoza, que se convierte en la primera provincia en regular el sistema virtual de transporte antes de que desembarque.

De igual forma, el malestar de los conductores y dueños de taxis no se detiene. De hecho decidieron levantarse temprano y manifestarse por las diversas calles del microcentro capitalino antes del tratamiento y de la aprobación de la ley.

«Es una empresa que no aporta nada, no tendrá que lidiar en cuestiones laborales. Se lleva toda la plata afuera», se quejó Diego Vázquez, uno de los referentes de la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (Aprotam). «En Mendoza no hay monopolio en los taxis. Es el lugar donde más distribuido está», agregó el presidente de la entidad, Fernando Sáenz.

Con la modificación de la norma de tránsito 6.082, las compañías podrán funcionar bajo la modalidad de «Servicio de transporte privado a través de plataformas electrónicas» de interés público. En tanto, los taxis y remises quedarán englobados como «servicios de interés general y servicios habilitados». De todas maneras, los propietarios de los vehículos deberán registrar las unidades y abonar un monto por la habilitación.

Por su parte, quedaron de manifiesto las diferencias entre Uber o Cabify y las empresas de taxis y remises, que radican principalmente en cuatro puntos: la inscripción de una autorización, provisoria y precaria; la prohibición de hacer oferta pública; tampoco se les garantiza una rentabilidad razonable bajo un régimen tarifario, ya que no prestan un servicio de interés general, sino privado y no cumplen un servicio continuo, sino ajustado a la demanda y las solicitudes precursadas por el sistema.

Fuente: La Nación

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