La sociedad no soporta más la impunidad de la corrupción. Que se haya podido emplear la jefatura del Estado para actos ilícitos hace que por la regulación constitucional sea imprescindible la Comisión de Investigación».
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La tormenta política crece y pone en aprietos al gobierno socialista de Pedro Sánchez ante el escándalo que estalló la semana pasada alrededor del rey Juan Carlos de Borbón, de quien una examante reveló supuestos negociados y el uso de testaferros para ocultarlos.
Intelectuales de izquierda, como la reconocida escritora Almudena Grandes, advirtió que «la luna de miel [con el rey emérito] ha terminado» y que es hora de igualarlo, con todas las consecuencias, con el resto de los ciudadanos.
«Los españoles hemos aguantado más corrupción institucional de la que somos capaces de soportar», previno desde su habitual columna en el reconocido diario El País.
La crisis aterrizó ahora en el Congreso de los Diputados, donde partidos republicanos pidieron investigar al exmonarca, de 80 años y padre del actual rey Felipe VI por «posible corrupción» tras las revelaciones realizadas por su «amiga entrañable», Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
Firmado por el radical Podemos y los catalanes Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Compromis, el pedido insta la creación de una comisión parlamentaria de investigación de posibles hechos de corrupción por parte del rey emérito. «La sociedad no aguanta más que se la trate de este modo ni tolera ya tanta impunidad», dijo Rafael Mayoral, de Podemos, al presentar la petición.
Tenemos que determinar si existe una «actividad delictiva realizada durante años bajo el manto de la impunidad que la Constitución ofrece a su Jefe de Estado», dicen los republicanos, reforzados en su posición antimonárquica gracias al nuevo escándalo tras la figura real.
Otros, como la periodista Pilar Urbano, autora de La gran desmemoria y El precio del trono, dedicados al reinado de Juan Carlos, le pidió que «tome la iniciativa» y decline el título honorífico de «rey emérito» que se le concedió en junio de 2014, después de haber abdicado en favor de su hijo Felipe.
Nunca, hasta ahora, se había hablado de esta forma de un monarca venerado durante muchos años. Tampoco se lo había acorralado de este modo, entre la investigación parlamentaria y la prédica popular.
La tormenta se gestó hace rato, pero estalló la semana pasada, tras conocerse audios de la ex amante de Juan Carlos según los cuales el monarca habría obtenido dinero por medios poco claros y lo habría escondido o blanqueado a través de testaferros. Las conversaciones fueron grabadas por el comisario José Manuel Villarejo, que se encuentra en prisión preventiva por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capital.
No sólo es la izquierda radical. Por primera vez, muchas voces se suman para pedir que el exmonarca realice un inédito gesto de autocrítica, incluida la salida del palacio real de La Zarzuela, donde tiene su residencia, junto a la del actual rey, su hijo, Felipe VI.
Eso es todo un giro respecto de la consideración que se le tuvo hasta ahora, reconocido como una figura señera, venerable e intocable del pasado reciente español. Al extremo que muchos lo tuvieron como «el salvador de la democracia» durante el fallido golpe de Estado del ex coronel Antonio Tejero, en febrero de 1981. Otros lo pusieron tan alto que se consideraron a sí mismos «juancarlistas» en vez de monárquicos, rescatando a la figura por encima de la institución. Nada de eso parece estar sucediendo ahora.
Por el contrario, además de ser un nuevo golpe contra la monarquía tras los negociados que llevaron a la cárcel a su yerno, hay quienes se preguntan si el ex duque Iñaki Urdangarín no fue una «pieza más» dentro de un rompecabezas «más amplio», que incluiría al propio ex monarca.
Fuente: La Nación
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