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Los 60 diputados que presentaron su demanda al Consejo, el órgano que vela por el respeto a la Carta Magna gala, denuncian que ese veto supone una «discriminación» a la hora de contratar asistentes, según los medios franceses.

La normativa que prohíbe a los cargos públicos contratar a familiares, fue aprobada por el Parlamento el 3 de agosto y se inscribe dentro de la llamada «Ley de moralización de la vida pública», una promesa de campaña del presidente francés, el liberal Emmanuel Macron, que ayer se adoptó íntegramente.

La medida afecta también a ministros, senadores y cargos públicos locales, a quienes les impide poner bajo su cargo a los familiares más cercanos (cónyuge, padres e hijos, así como los de la pareja), reportó la agencia de noticias EFE.

Fuente: Télam