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El juez comercial Javier Cosentino abrió el llamado cramdown , un período obligatorio que establece la ley de quiebra, en el cual se pueden presentar terceros interesados en quedarse con la compañía.

Sin embargo, esta ayuda procesal no es tal en el caso de la petrolera. El magistrado, a pedido de los interventores, pidió que quien se presente cumpla decenas de requisitos para impedir que algún que otro aventurero intente quedarse con Oil sin tener interés y capital suficiente. Dicho de otra forma, para poder levantar la mano en el remate hay que acreditar, entre decenas de condiciones, tener el dinero suficiente como para pagar las deudas y todas las licencias en reglas como para operar una petrolera.

Sucede que el cramdown establece que si hay interesados se inician plazos como para conocer los números de la empresa en concurso y redondear los términos de una oferta. Sin embargo, después de cuatro meses, podría retirarse. Pero, dadas las condiciones de Oil, que no tiene capital de trabajo ni ingresos peros sí gastos, ese tiempo podría ser determinante para la continuidad o no.

Ahora se verá si efectivamente alguien tiene genuino interés y dinero suficiente como para quedarse con los activos de la nave insignia del Grupo Indalo. Si en los próximos sietes días esto no sucede, lo que viene es la quiebra.

El proceso comercial de la petrolera tuvo, en los últimos meses, una importante aceleración en los tiempos. El juez Cosentino se hizo cargo del concurso a principios de este año. Lo que vino después fue pedir los concursos de otras sociedades que habían sido presentados en distintos juzgados por Indalo. Pequeñas trampas procesales para ganar algo de tiempo como para que no sea tomado como un grupo económico. Luego llegó la intervención de la empresa, primero con veedores y después, con interventores formales.

Los primeros informes expusieron la situación financiera y económica de la empresa. Entonces se apuraron los plazos que la ley entrega (período de exclusividad) y la propia Oil renunció a ese tiempo. Finalmente, la AFIP consideró que correspondería la quiebra.

La ley marca que tiene que haber un cramdawn, pero entre la deuda de AFIP, que ya inició una demanda, y los requisitos, la quiebra será el camino más probable.

Si eso sucede, los activos ya no serían más de Cristóbal López y Fabián De Souza sino que se venderían para pagar a los acreedores. A su vez, la quiebra pasaría a ser la accionista de las otras sociedades del grupo Indalo.

Fuente: La Nación