La Justicia suspendió las obras del nuevo aeropuerto en la base aérea de El Palomar

Lo resolvió la jueza federal de San Martín, Martina Forns, que hizo lugar a un recurso de amparo presentado por organizaciones vecinales y de DDHH



No Banner to display

La jueza federal de San Martín, Martina Forns, hizo lugar a un recurso de amparo para que la empresa FB Líneas Aéreas SA, denominada FlyBondi, el Ministerio de Transporte de la Nación y la Administración Nacional de Aviació Civil (ANAC), “se abstengan de comenzar las actividades de aeronavegación en el Aeropuerto de El Palomar o Base Aérea Militar de El Palomar, hasta tanto el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) haya autorizado la Evaluación de Impacto Ambiental que deberá ser presentado por la Empresa Aeropuertos Argentina 2000”.

En pocas palabras, la magistrada –que integra la agrupación Justicia Legítima– le impide a la sociedad comercial “emitir boletos” y al ministro cargo del área, Guillermo Dietrich, “continuar las obras ya iniciadas en los Hangares y todas las posteriores”.

Forns es la misma magistrada que el 3 de agosto pasado le asestó un duro golpe a la política tarifaria de Cambiemos al emitir un fallo que suspendió el tarifazo de luz en todo el país impuesto por el ministro de Energía, Juan José Aranguren. En este caso, y a pesar del las criticas que recibió desde Balcarce 50, la medida fue ratificada por las instancias superiores que obligaron al Ejecutivo a realizar las ignoradas audiencias públicas.

Ahora, en su contundente fallo, la jueza no sólo toma como propios los reclamos vecinales por el posible impacto en el medio ambiente que puede generar el tráfico de las aerolíneas de bajo costo autorizadas a operar desde El Palomar, sino que avanza sobre un tema denunciado en causas penales anteriores y que los magistrados actuantes aún no se expidieron: la modificación de lo que por ley fue destinado como “sitio de la memoria”, ya que el lugar fue utilizado durante la última dictadura militar como Centro Clandestino de Detención y Exterminio, según los decretos 1986/14 del 29/10/14 del Poder Ejecutivo Nacional.

Así, la magistrada sostiene que la ANAC, a pesar de los requerimientos anteriores, “nada dice sobre el tema”, y que el Ministerio de Transporte “sólo apela a la genérica afirmación de que la medida adoptada no afecta a los Derechos Humanos”.

Fuente: infobae



Articulos relacionados