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Siempre se dijo que Cristóbal López se quería diferenciar de Lázaro Báez cuando comparaban sus éxitos como empresarios en los años del kirchnerismo. Hay algo que ahora los une: las acusaciones penales, la cárcel y la preocupación por el alcance que las investigaciones pueden tener para sus hijos.

Los descendientes de Lázaro ya están complicados: los mandaron a juicio en la causa por la ruta del dinero K, por la que el dueño de Austral Construcciones cayó preso, y tienen un procesamiento confirmado por los “retornos” en el caso Los Sauces. Los hijos de Cristóbal habían quedado a salvo pero están a punto de enfrentar los tribunales.

Es que, además de su libertad, lo que preocupa al creador del grupo Indalo es la situación legal de sus hijos. El juez Julián Ercolini comenzará a analizar en las próximas semanas un pedido del fiscal Gerardo Pollicita para que sean llamados a indagatoria Cristóbal Nazareno y Emiliano López por lavado de dinero y asociación ilícita, y se traben inhibición sobre sus bienes.

Se trata de una causa paralela a la de Oil Combustibles, donde se cree que a través de la empresa Agosto SA se habría canalizado el dinero que no se le pagó al fisco por el impuesto al combustible. La firma también pertenece a un nombre conocido de Osvaldo Sanfelice, socio en la inmobiliaria del diputado Máximo Kirchner y presunto testaferro de los K en el hotel Waldorf.

En su dictamen, Pollicita recordó que Cristóbal aprovechó “una estrecha relación personal y comercial con los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner” para armar el Grupo Indalo, compuesto por múltiples sociedades en las que “realizaron un importante aporte Cristóbal Nazareno y Emiliano López”, los jóvenes corredores de automovilismo. Las sospechas apuntan a Agosto SA, una “sociedad pantalla” destinada al alquiler de maquinarias. Desde allí, “cimentaron una estructura para canalizar fondos que provendrían de una defraudación sistemática, deliberada y permanente al Estado”, dijo el fiscal.

Pero además, según indicaron a PERFIL fuentes judiciales, hay otros problemas legales en el horizonte para los hermanos de Comodoro Rivadavia. Es que Nazareno y Emiliano habrían participado el 20 de octubre de 2017 de la venta de las acciones del grupo Indalo, junto a Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, cuando les estaba expresamente prohibido porque estaban inhibidos, según se desprende del fallo que metió preso a Cristóbal. El juez ordenó extraer testimonios para profundizar esa investigación.

Fuente: perfil