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Aída Ayala resistirá con sus fueros. La diputada de Cambiemos aseguró que «no corresponde realizar ningún tipo de presentación en la sede judicial de Resistencia» luego de que la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó el desafuero para su posterior detención de manera preventiva.

El fiscal federal Patricio Sabadini investiga si la legisladora formó parte de una asociación ilícita para lavar de dinero, evadir impuestos y enriquecerse de manera ilícita.

La exintendenta de Resistencia llegó el jueves por la noche a esa ciudad desde Buenos Aires. En un comunicado de prensa, aseguró: «Le corresponde al Congreso resolver la cuestión».

«En el mes de febrero del año 2014, durante la gestión de Ayala, se inicia el proceso de licitación en el que finalmente resulta adjudicataria la firma PIMP SA. Dicho proceso estuvo rodeado de evidente irregularidad, que va desde un llamado a licitación hecho a medida, hasta la adjudicación a la única oferente PIMP SA, una firma también armada a medida», explicó el fiscal en el pedido de desafuero, al que tuvo acceso TN.

PIMP S.A. se constituyó el 30 de julio del año 2013 y obtuvo el reconocimiento del Registro Público de Comercio el 7 de marzo de 2014, es decir, siete días antes de que cierre la presentación de ofertas para contratar equipos que luego serían afectados a la recolección de residuos. Los socios originales de la empresa eran Fátima Jessica Rigassio y Nidia Mabel Juárez, que según el fiscal son allegadas a Daniel Alejandro Fischer, a cargo de la compañía. El hombre es, a su vez, una persona del círculo íntimo de Aída Ayala y se desempeñó como su jefe de campaña.

Sabadini también pidió la detención del empresario de la construcción Pedro Alberto Martínez, su hija Natalia Martínez Guarino, Rolando Javier Acuña y Luis Escobar.

Fuente: TN