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La confesión del contador Víctor Manzanares sobre el arreglo con el exjuez Norberto Oyarbide para sobreseer al matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito volvió a dejar al desnudo una larga trama de complicidades que no se agota en el magistrado y que permitió cerrar ese expediente -que ahora la Justicia evalúa reabrir- y otras dos causas similares que se extinguieron prácticamente sin investigación.

Apenas recibió la denuncia, Oyarbide ordenó que se realizara un peritaje contable allá por octubre de 2009 sobre las declaraciones juradas de los Kirchner. Manzanares confesó que Javier Fernández les había dado instrucciones para que aquel peritaje cumpliera todos los requisitos y, con ese documento, pudiera el juez dictar el sobreseimiento. Ese informe técnico sería la justificación oficial que permitiría beneficiar a los Kirchner sin más investigación sobre su patrimonio.

El peritaje contable fue presentada dos meses más tarde y fue firmado por Alfredo Peralta y María del Carmen Penedo (que todavía permanece en el cargo), dos peritos oficiales de la Corte Suprema, más el propio Manzanares. El dictamen oficial y el de los Kirchner coincidían en que tanto Néstor como Cristina Kirchner podían justificar su patrimonio.

Pero de ese último sobreseimiento también participaron otros funcionarios que evitaron investigar al matrimonio Kirchner. El fiscal federal Eduardo Taiano no apeló la decisión de Oyarbide. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y la Oficina Anticorrupción, también habilitadas para apelar, no presentaron objeciones ante el sobreseimiento.

La FIA, incluso, contó con un dictamen interno crítico de aquella resolución, que el entonces fiscal Guillermo Noailles cajoneó. Los peritos Eduardo Blanco Álvarez y Roberto Riveros advirtieron que sin la documentación respaldatoria era imposible concluir que los Kirchner no habían incurrido en enriquecimiento ilícito. Habían dictaminado que casi $25 millones del entonces matrimonio presidencial no estaban «debidamente justificados».

Pero a pesar de contar con ese informe y varias ampliaciones por parte de los peritos, el fiscal Noailles no puso reparos ante la decisión de Oyarbide. El auditor Blanco Álvarez fue desplazado de su cargo meses después de ese dictamen por el procurador Esteban Righi como consecuencia de las observaciones que hizo al falso peritaje avalado por el juez.

Pero ese era el tercer sobreseimiento que conseguían los Kirchner en Comodoro Py mientras gobernaron la Argentina. Primero, el juez Julián Ercolini había analizado el período 1994-2003, y después el juez Rodolfo Canicoba Corral rechazó el enriquecimiento registrado entre 2005 y 2007.

Taiano fue el fiscal de las tres causas por enriquecimiento ilícito contra el entonces matrimonio presidencial: no apeló ninguno de los sobreseimientos. Es más, en dos ocasiones hizo dictámenes favorables a los Kirchner para que sean beneficiados por los jueces siempre sobre la base de los informes que presentaba el contador Manzanares.

Varios de los protagonistas se repitieron en las distintas causas, que ni siquiera contaron con peritaje oficial. En la investigación anterior a la que ahora quiere reabrir la Justicia, el contador Manzanares había presentado en el juzgado de Canicoba Corral un informe que detallaba el aumento patrimonial de los Kirchner. Sin más investigación que esa argumentación oficial, el fiscal Taiano pidió que se dictara el sobreseimiento.

«En definitiva, de las constancias reunidas no surge que los nombrados hubiesen incrementado desproporcionadamente su patrimonio durante el período analizado, sino que se ha demostrado a través de los bienes informados en las pertinentes declaraciones juradas y del informe contable [elaborado por Manzanares], que la evolución de su patrimonio resulta acorde a las operaciones económicas efectuadas en cada ejercicio fiscal», escribió Taiano.

Las intervenciones de Taiano en causas contra los Kirchner estuvieron atadas al secuestro de uno de sus hijos momentos antes de que venciera el plazo para apelar en la primera de las investigaciones. la nacion intentó sin éxito contactar al fiscal.

Fuente:

La Nación