La AFIP pidió que Cristóbal López y su socio vayan a juicio oral por defraudación

La presentación del ente recaudador también incluyó al ex titular del organismo, Ricardo Echegaray. Es por una deuda de 8 mil millones de pesos de impuestos al Estado.
 



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La AFIP pidió enviar a juicio oral y público por defraudación a los dueños del grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, y al extitular del organismo, Ricardo Echegaray. Es por una deuda al Estado de 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles en la petrolera Oil Combustibles.

En el escrito presentado al juez federal Julián Ercolini, el ente recaudador solicitó juzgarlos por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública“. “Se trató de un plan sistemático urdido desde la propia AFIP en los más altos niveles de conducción”, advirtieron las autoridades en el escrito. Y señalaron a Echegaray como autor del delito y a los empresarios como partícipes necesarios.

El organismo le planteó a la Justicia que, durante la gestión de Echegaray, desde la AFIP hubo una “planificación destinada a que los imputados pudieran desarrollar la maniobra sin ser molestados”. “Cristóbal López y Fabián De Sousa, a través de la sociedad Oil Combustibles SA, utilizaron indebidamente y en su propio beneficio el dinero no ingresado para capitalizar otras sociedades del grupo económico”, sostuvieron.

La AFIP es querellante en la causa por la que están procesados López, De Sousa y Echegaray. Se espera que la semana que viene se pronuncie el fiscal del caso, Gerardo Pollicita.

López y De Sousa fueron excarcelados por la Cámara Federal porteña, en una decisión que ahora revisará la Cámara Federal de Casación ante un pedido del fiscal de apelación Germán Moldes para que vuelvan a prisión. El funcionario judicial también pidió cárcel para Echegaray. Por su parte, el extitular de la AFIP durante el kirchnerismo pagó la caución real de un millón de pesos y presentó el comprobante ante la Justicia para evitar ir preso en otra causa, en la que fue procesado por el presunto delito de “contrabando agravado” a raíz del otorgamiento de una franquicia diplomática para importar un vehículo de alta gama a una persona que no reunía los requisitos para poder hacerlo.

Fuente: TN