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La justicia belga decidirá el 14 de diciembre sobre la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont y del resto de exconsejeros presentes en Bélgica, anunciaron sus abogados, al término de una vista en la que la fiscalía apoyó la entrega a España.

«Si son extraditados (…), correrían el riesgo de una violación de derechos fundamentales. Es otra razón para rechazar la extradición», indicó en rueda de prensa Christophe Marchand, abogado defensor de los exconsejeros Antoni Comín y Meritxell Serret.

Puigdemont y los cuatro exconsellers que lo acompañan en Bélgica desde el pasado 30 de octubre, Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig, se encuentran en régimen de libertad vigilada desde el 5 de noviembre, a expensas de que se desarrolle el proceso judicial, que podría dilatarse aún varias semanas. 

La primera vista, celebrada el pasado 17 de noviembre a puerta cerrada y en neerlandés, concluyó con la petición del Ministerio Público belga de ejecutar las euroórdenes que pesan sobre Puigdemont y los exconsellers, pero estos tienen que presentar su defensa para la resolución del caso.

La Fiscalía belga no apreció «corrupción», sino «conspiración» y «malversación» por parte de funcionarios públicos. La vista se celebrará en vísperas del inicio de la campaña electoral, unos comicios a los que Puigdemont concurre como cabeza de lista de Junts per Catalunya (JxCat).

En tanto, un juez del Tribunal Supremo español decidió mantener en prisión al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, a los dirigentes Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y al ex responsable de Interior catalán, Joaquín Forn, mientras que dictó la libertad bajo fianza de 100.000 euros para otros seis independentistas.

El juez adoptó decisiones diferenciadas respecto a los dirigentes catalanes presos teniendo en cuenta su grado de implicación en el proceso de secesión catalán por el que se enfrentan a delitos de rebelión, sedición y malversación.

En su resolución, Llarena explicó que las actuaciones del ex vicepresidente y de los otros tres dirigentes que deja en prisión, «están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella«.

Menciona como antecedentes los incidentes del 20 de septiembre pasado durante un allanamiento a la Consellería de Economía en Barcelona, a raíz de las actuaciones judiciales destinadas a evitar el referéndum de secesión del 1 de octubre, que había sido prohibido.

En cuando al resto de imputados, podrán salir de prisión si pagan una fianza de 100.000 euros, aunque deberán comparecer cada semana ante el juzgado más cercano a su domicilio y no podrán abandonar el país, de acuerdo con la resolución del juez Llarena. Esta decisión afecta a los exconsejeros Raul Romeva, Jordi Turul, Carles Mundó, Josep Rull, Dolors Bassa y Meritxell Borrás.

Fuente: Ámbito