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El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, propuso hoy que el presidente del Ejecutivo de Cataluña Carles Puigdemont, y todo su gobierno sean destituidos para tratar de frenar el desafío independentista y que Madrid asuma el control hasta que se celebren elecciones en la región española en un plazo máximo de seis meses.

«Mi voluntad es [convocar elecciones] tan pronto como recuperemos la normalidad institucional», declaró Rajoy. «No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña, se cesa a las personas que han puesto a ese Gobierno fuera de la ley», explicó el mandatario español en una comparecencia tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, que dio luz verde a las medidas consensuadas para «restablecer la legalidad» en Cataluña.

El jefe del Gobierno propuso, también, que el Parlamento catalán no pueda designar candidatos, ni votar la investidura de otro presidente tras la destitución de actual líder catalán, Carles Puigdemont, de su vicepresidente y de los consejeros. Además, pidió capacidad de veto frente a cualquier iniciativa aprobada en el Parlament catalán considerada contraria a la Constitución o al estatuto de la Autonomía.

La intervención de Cataluña se realiza al amparo del artículo 155 de la Constitución española, nunca antes puesto en marcha en 40 años de democracia y que permite a Madrid tomar «las medidas necesarias» para hacer que una región cumpla sus «obligaciones». «Ningún gobierno de ningún país democrático puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley, que se cambie la ley», justificó Rajoy.

Todas las medidas propuestas por Rajoy deberán ser ratificadas el viernes próximo por el Senado, dónde el Partido Popular de Rajoy tiene la mayoría. No obstante, en busca de un mayor consenso, el gobierno negoció con el Partido Socialista, el principal partido de oposición, la aplicación del artículo 155.

Madrid justificó la aplicación del artículo 155 en Cataluña por una «desobediencia rebelde, sistemática y consciente» de los pronunciamientos de la Justicia por parte de las autoridades catalanas y por los riesgos que esto conlleva para «la convivencia» y el «crecimiento económico» en la región española.

Rajoy aseguró que la intervención en la región responde a cuatro objetivos: «Volver a la legalidad, recuperar la normalidad y la convivencia, continuar con la recuperación económica (…) y celebrar elecciones». «Éste ha sido un proceso unilateral, contrario a la ley y que ha buscado el enfrentamiento», dijo el presidente del Gobierno.

Tras hacer un repaso de la crisis que desató el desafío independentista, Rajoy negó que el gobierno catalán hay buscado jamás el «diálogo», y recalcó que «el diálogo fuera de la ley y fuera de la norma es antidemocrático». «El diálogo no es que los demás tengan que aceptar obligatoriamente tus exigencias», insistió Rajoy.

Además, acusó al gobierno de Puigdemont de haberlos obligado a intervenir la provincia porque «las cosas no han podido hacerse peor». «El Gobierno tuvo muchas oportunidades de aplicar antes el artículo 155, pero preferimos actuar con prudencia, responsabilidad y sentido común, intentando que se produjera una rectificación», declaró el presidente.

Rajoy también consideró que el debate del Parlamento catalán en el que se aprobaron las leyes de desconexión fue «impropio de una democracia». «Todo esto fue suspendido por el Constitucional, pero les dio igual», subrayó.

Tras pintar un panorama sombrío de los efectos de la independencia sobre la economía – Cataluña quedaría fuera de la UE y la OMC y se le impondría aranceles aduaneros-, Rajoy auguró «un empobrecimiento de la economía catalana de entre el 25% y el 30%». Después de haber incentivado la fuga de empresas de Cataluña, pidió «que no se vayan más empresas».

«Vamos a trabajar para que todos los catalanes, independientemente de lo que piensen y opinen, puedan volverse a sentirse unidos y partícipes de un proyecto compartido como es España», concluyó.

Fuente: TN