“Cuando se trata de asumir mis responsabilidades, lo hago sin dudar y utilizo toda la Constitución y nada más que la Constitución, pero repito: toda la Constitución”, advirtió categóricamente Philippe el martes, frente a una pregunta de un diputado de oposición sobre la reforma.
La carta magna de Francia permite al gobierno, en su artículo 49, párrafo 3, imponer una ley sin el voto de la Cámara de Diputados. Para frenarlo, la Asamblea Nacional debe aprobar una moción de censura contra el primer ministro y, de esa manera, hacer caer al Ejecutivo, lo que resultaría en nuevas elecciones.
Macron goza de una mayoría cómoda que no pondría en riesgo la continuidad de su gobierno, pero el costo político sería el de volver a encender las calles justo cuando la normalidad regresó al país. Para los sindicatos y la oposición sería intolerable que una reforma tan cuestionada se convierta en ley de esa manera.
El presidente hizo de esa iniciativa la piedra angular de su mandato y resistió tanto aprobarla a toda costa que sumió a Francia en una de las peores crisis de los últimos treinta años, con una huelga del transporte que batió récords y masiva movilizaciones en todo el país.
Ahora la resistencia récord la enfrenta en el propio parlamento donde La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélechon interpuso la cifra inédita de 40.000 enmiendas al texto original. Con ello, el debate de la reforma de pensiones se extenderá hasta por seis meses, con elecciones municipales de por medio.
“Quieren preparar a la opinión pública a la idea del 49.3”, denunció Mélenchon la semana pasada. “Tenemos un presidente autoritario: los métodos del autoritarismo se propagan”, agregó, recordó el diario español El País.
Macron debe, no obstante, convencer a sus propios legisladores, algunos de los cuales son reticentes a saltear el trámite legislativo, algo que en los últimos 62 años de legislaturas sólo ocurrió 86 veces.
Otro escollo, este legal, también está demorando la decisión del decretazo para la reforma de pensiones: el artículo 49.3 puede usarse una vez en cada período de sesiones parlamentarias y el proyecto del gobierno se divide en dos subnormas: el fin de los 42 regímenes especiales de jubilación para unificarlos solo en uno y la financiación de ese nueva sistema.
Los principales puntos resistidos de la reforma de pensiones de Macron han sido precisamente el fin de sistemas especiales en Francia para profesiones como los policías, docentes y empleados del transporte público, y el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años, este último punto retirado del texto para menguar las protestas contra el gobierno.
Fuente: Ámbito
