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«Es el último recurso de un causa que viene muy complicada para el país». Así, coloquial y lacónico, una fuente muy cercana al juicio que se cursa en EEUU por la expropiación de YPF durante el kirchnerismo definió la última medida judicial que los abogados del Estado argentino y de la petrolera presentaron ante la Corte Suprema de EEUU.
La medida es una respuesta a Noel Francisco, el solicitor general de Donald Trump –una suerte de procurador– quien, muy en contra de lo que suponían las autoridades locales, le recomendó al máximo tribunal de ese país hace 15 días que el caso tendría que seguir instruyéndose allí. La defensa local pedía lo contrario: traer la causa a estrados argentinos.
El eje de la causa en esta instancia: si bien la Procuración del Tesoro de Cambiemos, a cargo de Bernardo Saravia Frías, critica duramente el accionar del kirchnerismo, en EEUU alega cuestiones de soberanía sobre la decisión de expropiación, aprobada por el Congreso. Los demandantes, en tanto, argumentan que la acción de la empresa cotiza en Wall Street y que por eso la cuestión debe resolverse allá.
El reclamo se resume en tres puntos: alcances y precedentes sobre inmunidad soberana, argumentos de por qué la cuestión no tiene particularidades que requieran un análisis diferente –como argumentó el solicitor general– y un tercer punto donde la defensa argentina habla de una serie de supuestos conflictos entre fallos.
El juicio lo impulsa Burford Capital, un bufete global especializado en comprar juicios. Burford dice que la Argentina tendría que haber realizado en el momento de la expropiación una oferta pública de adquisición para todos los accionistas de la petrolera en lugar de pactar sólo con el controlante, Repsol.
Fuente: Infobae
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