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El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, ordenó esta mañana el allanamiento de las oficinas del concejal Emanuel Gainza (Cambiemos) en la Municipalidad y en su casa, como así también en el búnker del PRO que manejaba el funcionario.

Los operativos se dieron en el marco de la causa donde se investigan los vínculos de la política local con la presunta banda narco que lidera Daniel “Tavi” Celis, y que tiene al intendente Sergio Varisco procesado como financista de la organización criminal.

Ríos dispuso el secuestro del teléfono celular de Gainza, que será peritado por personal de la Policía Federal.

El concejal oficialista fue citado para declarar como testigo este miércoles por el juez del caso por el que están detenidos, además, el concejal Pablo Hernández (UCR), la subsecretaria de Seguridad municipal y agente de la Policía, Griselda Bordeira, un empleado de la comuna y la mujer de Celis, Luciana Lemos, quien fue detenida hace más de un mes cuando se la encontró vendiendo en su propia casa 3 kilos de cocaína.

La situación de Gainza parece haberse complicado luego de que el juez Ríos consiguiera nuevos elementos por lo que se especula que podría cambiar su situación procesal cuando esté frente a frente con el magistrado este miércoles, según informa Análisis digital.

Complicados

El narco escándalo en Paraná no para de crecer. La situación de Varisco es bastante comprometida, aunque sigue en libertad bajo una caución de un millón de pesos y con una serie de medidas a cumplir: informar al Juzgado Federal de Paraná en caso de cambiar su domicilio; presentarse toda vez que sea llamado por el juez o tribunal que entienda en la causa y concurrir al Juzgado todos los viernes, entre las 7 y las 13, donde deberá dejarse constancia de ello, como así cada vez que se requerida su presencia. Tampoco podrá salir del país.

Para el juez Ríos, Varisco es responsable del delito de «financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes», según el procesamiento donde además se confirmó la prisión preventiva de Hernández y Bordeira.

Tanto el concejal como la funcionaria detenidos cuando declararon ante el magistrado dijeron que le «tenían miedo» a Celis y que le habían dado «plata de su bolsillo». Es más, Bordeira admitió que «no hizo la denuncia porque no quería que el tema trascendiera y generara un escándalo», dijeron las fuentes.

Celis, por su parte, cuando amplió su indagatoria desligó a todos los procesados. «Varisco no tiene ninguna vinculación en la causa que se le imputa y desconozco si es adicto o no, esas son cosas personales de él», dijo.

De Bordeira y Hernández, quienes admitieron haberle dado plata, relató que le entregaban «un dinero que el municipio le brindaba a su familia». Y del empleado municipal preso declaró que su vínculo es «laboral». «Hizo algunos reclamos a pedido mío, en forma de favor, y nada más», agregó.

El caso

La causa que lleva adelante el juez Ríos comenzó el 28 de mayo del año pasado, cuando fue detenido Celis, acusado de comandar una organización narco que aprovechaba sus contactos políticos y policiales para comercializar drogas en la zona.

En aquel momento, los investigadores descubrieron que la banda estaba descargando desde una avioneta en Colonia Avellaneda, una pequeña localidad cercana a Paraná, más de 300 kilos de marihuana, que fueron secuestrados.

En el marco de esa investigación, y a raíz del análisis de los mensajes en los teléfonos secuestrados a Celis en la cárcel y a otros elementos, a principios de mayo pasado el juez ordenó un allanamiento en la Municipalidad de Paraná, en el Concejo Deliberante y en varios domicilios, entre ellos el de Varisco, el de su madre y los de otros funcionarios.

Luego de analizar lo secuestrado, Ríos citó a declarar a Varisco, al concejal Hernández y a la funcionaria Bordeira, entre otros.

«Nunca he comercializado droga; nunca adquirí ni un gramo de cocaína ni un kilo, más aún, no tengo ninguna adicción; no financié ni tuve contacto con ninguna de las personas que se mencionan. No he hablado nada con ellos, no he financiado nada con ellos», aseveró Varisco cuando fue indagado por el juez Ríos a principio de junio.

Para la Justicia, “de septiembre de 2017 a principios de mayo de este año, Celis desde la cárcel intentó reorganizar la estructura de su banda con financiamiento público y privado y, a su vez, también les proveía cocaína a aquellos que vendían la droga”. La forma en que se financiaba Celis, según la causa, tenía dos vías: «un canon mensual de 50 mil pesos y una serie de contratos municipales».

Por eso, también la Policía Federal allanó las oficinas de Recursos Humanos; Sistemas y Comunicaciones; Cómputos; Despacho Presidencia; Liquidaciones de Haberes; y Tesorería en busca de “la huella económica” del financiamiento de la banda narco.

Fuente: Clarín