La diócesis de Vic indicó que los religiosos deben «salir de manera preventiva del ejercicio público del ministerio»; es decir, que no pueden impartir misas en iglesias ni en lugares públicos, mientras son juzgados a puerta cerrada de acuerdo con el derecho canónico.

La investigación detalla que el grupo de religiosos, todos mayores de edad, realizaba prácticas sexuales entre hombres y mujeres de manera consentida, por lo que no incurrieron en un delito penal pero sí católico. «Hay que preservar el derecho a la buena fama y la presunción de inocencia de todos los implicados», precisó la Conferencia Episcopal Tarraconense, de España.

Esta entidad católica que integran los obispos de las provincias eclesiásticas de Tarragona y Barcelona, en España, explicaron por medio de su agencia de prensa que los 17 religiosos, pese a la sanción que les habían impuesto en 2017, tenían espacios en parroquias y conventos en España y Colombia.

FUENTE:Infobae