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Investigadores de la Oficina del Comisionado de Información británica (ICO, por su sigla en inglés) registraron durante siete horas las oficinas de Londres de la consultora Cambridge Analytica (CA), firma que quedó en el ojo de la tormenta después de que se conociera que usó la información de más de 50 millones de usuarios de Facebook con fines políticos.

Menos de una hora después de que un juez del Tribunal Superior del Reino Unido aprobara ayer la petición de registro, funcionarios de la ICO entraron en las instalaciones, adonde permanecieron hasta las tres de la madrugada de este sábado, informó un vocero oficial citado por la agencia EFE.

«Ahora necesitamos evaluar las pruebas recabadas antes de decidir los próximos pasos y llegar a alguna conclusión», agregó esa fuente.

La investigación se da en el marco del escándalo que envuelve a Facebook y a la consultora británica Cambridge Analytica por el «uso indebido» que esta hizo de los datos personales de 50 millones de estadounidenses, que habían sido recabados para una investigación psicológica pero fueron empleados por CA (que trabajó para la campaña de Donald Trump) para predecir tendencias electorales e influir sobre ellas.

Esos datos habían sido recogidos a través de la aplicación This is your digital life, desarrollada por el profesor de al Universidad de Cambridge Alexandr Kogan, quien luego los cedió a CA y generó, según describió esta semana el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, «una brecha de confianza» con la red social.

Elizabeth Denham, la responsable de la ICO, organismo que vela por la protección de datos en el Reino Unido, señaló esta semana que quiere analizar el modo en el que Cambridge Analytica y su compañía matriz, SCL Group, gestionaron la información sobre usuarios que obtuvieron de la plataforma.

Por su parte, CA negó que haya actuado de forma ilícita y apartó de forma temporal a su máximo ejecutivo, Alexander Nix, que apareció en un informe realizado con cámara oculta por el canal británico Channel 4, exponiendo diversos modos en los que se podría extorsionar a candidatos políticos para influir en campañas electorales.