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El Gobierno autorizó este lunes un aumento de un 23,93% para el tubo de 10 kilogramos de la garrafa social. Así, el tubo de 10 kilos pasaría a costar $267,70 desde el 1 de febrero. No obstante, en la práctica conseguirlas al precio oficial en el conurbano bonaerense es una misión casi imposible. Y son 2,7 millones de personas -todas en situación de vulnerabilidad- las que hacen uso de estas garrafas.
Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina, con datos del sitio Multisectoriales en Red, a pesar de la existencia de regulación, el precio de la garrafa no dejó de incrementarse. Ascendió desde $97 en diciembre de 2015 a $296 en enero de 2019 registrando un aumento de 205%.
El precio se encuentra regulado en el marco del acuerdo de Estabilidad dePrecios del Gas Licuado de Petróleo desde 2008. Sin embargo, por los tarifazos en los servicios públicos, algunos hogares utilizan garrafa. Ante la imposibilidad de pagar el gas de red y enfrentar el corte de suministro migran al licuado.
Según el CEPA, el 18 de diciembre de 2018, las empresas arreglaron de palabra con el ex secretario de Energía, Javier Iguacel, un aumento en el precio de las garrafas de entre un 35% y un 40%, pero con su renuncia dejó pendiente de firma el acuerdo que iba a regir desde el 1° de enero.
Desde esa fecha, las empresas aumentaron los precios, llevando la garrafa de 10 kilos a $300 y la de 15 a $460, sin estar la resolución firmada por el Secretario de Energía. Es decir, no sólo tuvo lugar un sensible aumento, sino que se implementó sin los elementos legales indispensables para tal fin.
La falta de control hace cada vez más difícil conseguir garrafas de precio regulado. El aumento de precios de la garrafa no regulada para el mismo periodo fue de 166%. El relevamiento de CEPA registra que, en Ciudad y Gran Buenos Aires, la garrafa no regulada incrementó su precio de $150 a $400.
Fuente: Minutouno
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