No Banner to display

Brasil es el reino de lo imprevisible, de los meandros burocráticos, de los más sorprendentes apaños de última hora, pero todo indica que el expresidente  Luiz Inácio Lula da Silva está a punto de convertirse en presidiario en los próximos días. El Supremo Tribunal Federal (STF) del país decidió cerca de la una de la madrugada del jueves  rechazar por un estrecho margen de seis votos contra cinco el recurso de Lula contra su ingreso en la cárcel como consecuencia de la condena a 12 años por corrupción que le fue impuesta el pasado enero. Es posible que su paso por la prisión sea efímero, tal vez apenas unas semanas, porque a la defensa del expresidente le quedan algunas balas que gastar en esa dirección. Pero las posibilidades de evitar ese trance parecen ahora mínimas para quien llegó a ser hace una década uno de los líderes políticos más populares del planeta.

La previsible entrada en prisión de Lula tendrá enormes consecuencias políticas ya que deja prácticamente fuera de la carrera electoral al candidato que, según todas las encuestas, encabezaba las preferencias de voto para las elecciones presidenciales del próximo octubre. La trascendencia y el simbolismo del acontecimiento, con todo, van mucho más allá.

La enorme herida abierta en los últimos años en la sociedad brasileña se ensanchará con toda seguridad. Unos, sus partidarios -al menos un tercio del electorado, según las investigaciones demoscópicas- lo vivirán como un trauma inimaginable, una especie de venganza de la élite contra el obrero metalúrgico sin estudios que saliendo del último escalón social, en un país de un clasismo atroz, logró gobernar con éxito durante ocho años. Otros, los que han venido paseando por todos los rincones del país los muñecos con la efigie del expresidente vestido de traje de rayas, celebrarán su  triunfo. Muchos lo interpretarán como la señal de que las investigaciones judiciales contra la corrupción no se van a detener y que los tribunales han sentado un ejemplo ante la sociedad demostrando que «nadie está por encima de la ley». Pero también resonarán de nuevo las voces que consideran a Lula solo un chivo expiatorio dentro de un sistema político donde casi ninguna figura de relevancia está a salvo de sospechas. La extemporánea intervención del Ejército en las horas previas a la sesión, presionando por el encarcelamiento de Lula, reforzará los argumentos de estos últimos.

En uno de los pocos países del mundo en el que las sesiones plenarias de su Tribunal Supremo son retransmitidas por televisión, los brasileños que tuvieron el suficiente interés y paciencia pudieron asistir a un interminable debate de casi 11 horas de duración: comenzó a la dos de la tarde del miércoles y acabó cerca de la una de la madrugada de este jueves. Lo que el STF analizaba no era en realidad el fondo de la sentencia que consideró a Lula culpable de aceptar el regalo de un apartamento en la playa como soborno de una constructora beneficiada con contratos de la petrolera pública Petrobras. El Supremo simplemente debía examinar una solicitud de habeas corpus de Lula, es decir, la petición de dejar sin efecto la orden de prisión emitida por los jueces de segunda instancia que lo condenaron, hasta que el expresidente agote su derecho a recurrir a otro tribunal superior.

Uno a uno, los magistrados fueron emitiendo sus votos en larguísimos discursos donde se mezclaron exhaustivas referencias de literatura jurídica, consideraciones estrictamente políticas, ataques a la prensa o reflexiones sobre los grandes problemas del país, desde la desigualdad social a la violencia, e incluso sobre episodios de su historia. La suerte de Lula pareció echada cuando la quinta de los 11 magistrados en intervenir, Rosa Weber, que todos los pronósticos situaban como la de posición más dudosa, anunció su voto contrario a la solicitud del expresidente. Pero la teatralidad del momento no se vio defraudada con un desenlace prematuro: la votación llegó empatada al final y fue la presidenta del STF, Cármen Lúcia, la que inclinó la balanza.

Fuente: El País