Según los informes previos de la campaña de octubre presentados ante la Justicia electoral, más del 80% de los donaciones a las listas de Senadores y Diputados de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, casi $40 millones en total, fueron en efectivo. No solo eso: en el listado de contribuyentes a las nóminas que encabezaron Esteban Bullrich y Graciela Ocaña figuran decenas de directores y asesores provinciales cuyos desembolsos, desde $10.000 en adelante, generan todo tipo de suspicacias. Uno de los grandes dilemas de los procesos electorales no es dónde sale el dinero si no quién se hace cargo, lo que en la jerga se llama «simulación de aportes».

En ese sentido, el Gobierno deberá al menos ordenar las próximas recaudaciones de campaña si es que se cumple uno de los objetivos parlamentarios previsto para este año: la sanción de una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, que en los primeros dos años de gestión la Casa Rosada no llegó a impulsar, en buena medida por el naufragio de la Reforma Política en el Senado. «Es una de las reformas de carácter institucional de importancia para este año», confiaron a Infobae desde uno de los despachos de la Jefatura de Gabinete desde el que se coordina la agenda parlamentaria, y en particular dicho proyecto, con el Ministerio del Interior.

En los próximos días, de hecho, el ministro Rogelio Frigerio y el ex diputado Fernando Sánchez -que por estas horas será designado formalmente como secretario de Fortalecimiento Institucional y que estará a cargo, entre otras tareas y junto a Lucia Aboud, de la relación con el Parlamento- tienen prevista una reunión para empezar a esbozar la agenda del Congreso desde las sesiones extraordinarias de febrero, si es que el Gobierno finalmente las convoca, hacia adelante. La principal incógnita en estas semanas es cómo y cuándo enviará Mauricio Macri la Reforma Laboral, resistida por un sector importante de la oposición.