El Gobierno quiere aprobar este año la ley que lo obliga a ordenar las recaudaciones de campaña

Es la que regula el financiamiento de los partidos políticos. El texto elaborado ahora por la Casa Rosada restringe casi hasta el mínimo las donaciones en efectivo



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Según los informes previos de la campaña de octubre presentados ante la Justicia electoral, más del 80% de los donaciones a las listas de Senadores y Diputados de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, casi $40 millones en total, fueron en efectivo. No solo eso: en el listado de contribuyentes a las nóminas que encabezaron Esteban Bullrich y Graciela Ocaña figuran decenas de directores y asesores provinciales cuyos desembolsos, desde $10.000 en adelante, generan todo tipo de suspicacias. Uno de los grandes dilemas de los procesos electorales no es dónde sale el dinero si no quién se hace cargo, lo que en la jerga se llama “simulación de aportes”.

En ese sentido, el Gobierno deberá al menos ordenar las próximas recaudaciones de campaña si es que se cumple uno de los objetivos parlamentarios previsto para este año: la sanción de una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, que en los primeros dos años de gestión la Casa Rosada no llegó a impulsar, en buena medida por el naufragio de la Reforma Política en el Senado. “Es una de las reformas de carácter institucional de importancia para este año”, confiaron a Infobae desde uno de los despachos de la Jefatura de Gabinete desde el que se coordina la agenda parlamentaria, y en particular dicho proyecto, con el Ministerio del Interior.

En los próximos días, de hecho, el ministro Rogelio Frigerio y el ex diputado Fernando Sánchez -que por estas horas será designado formalmente como secretario de Fortalecimiento Institucional y que estará a cargo, entre otras tareas y junto a Lucia Aboud, de la relación con el Parlamento- tienen prevista una reunión para empezar a esbozar la agenda del Congreso desde las sesiones extraordinarias de febrero, si es que el Gobierno finalmente las convoca, hacia adelante. La principal incógnita en estas semanas es cómo y cuándo enviará Mauricio Macri la Reforma Laboral, resistida por un sector importante de la oposición.

El proyecto, que el macrismo ya tiene listo y que fue consensuado con los diversos actores de la coalición de gobierno -desde Adrián Pérez y José Torello a los dirigentes de la Coalición Cívica-, contempla la bancarización casi total de los aportes, la habilitación de las donaciones empresarias -prohibidas en campaña-, un registro de gastos y de proveedores en tiempo real y la regulación de la colaboración de órganos como la Cámara Nacional Electoral, la Unidad de Información Financiera (UIF), la PROCELAC, AFIP, ANSES, la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Oficina Anticorrupción para el combate de actividades ilícitas. En el 2015, la campaña presidencial de Cambiemos y la de otras alianzas quedaron bajo sospecha por supuestos lavados de activos a raíz de millonarios aportes realizados en efectivo.

El texto elaborado ahora por la Casa Rosada restringe, por ejemplo, casi hasta el mínimo las donaciones en efectivo: solo 950 pesos, el equivalente a 100 módulos electorales actuales, en ocasión de eventos de recaudación de fondos y con la obligación de depositarlos en la cuenta bancaria del partido en un plazo máximo de cinco días hábiles. En el caso de las empresas, que sí pueden aportar a los partidos políticos-, según el proyecto oficial, la donación no podría exceder el 2 por ciento del total del gasto permitido durante la campaña. ¿El objetivo? Que ningún aportante pueda “comprar” una campaña. Toda una novedad para el sistema de financiamiento local. Incluso para Macri, cuya carrera presidencial, que costó más de $1.000 millones, estuvo plagada de dinero negro.

Fuente: infobae



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