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El Gobierno quiere demostrar que no sólo busca combatir la corrupción, sino también recuperar los fondos públicos. Por eso, la Dirección de Vialidad se presentó ante la Justicia para que les reclame a Cristina Kirchner y al resto de los procesados por otorgar obras públicas a Lázaro Báez con sobreprecios una indemnización de 22.500 millones de pesos, es decir, unos 1216 millones de dólares, por los delitos por los que serán juzgados.

En rigor, técnicamente, Javier Iguacel, administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, se presentó como «actor civil» en la causa penal en la que el juez federal Julián Ercolini tiene previsto elevar a juicio el año próximo. Los actores civiles son aquellas víctimas que además consideran que tienen derecho a una indemnización en la propia causa penal.

Y esto es lo que hizo el Gobierno, a través de Vialidad. En seis carillas le pidió al juez Ercolini un resarcimiento porque los acusados -dijo- diseñaron un plan criminal para manejar fraudulentamente fondos del Estado en favor de Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA, las empresas de Lázaro Báez donde fueron direccionadas el 80% de las obras públicas realizadas en la provincia de Santa Cruz.

Ercolini ya aceptó a Iguacel como actor civil, por lo que en caso de un juicio contra los acusados el tribunal oral no sólo deberá resolver si son inocentes o no, sino que también deberá decidir el monto de la indemnización que tendrán que pagar al Estado.

Los acusados a los que se dirige la acción civil son Cristina Kirchner, el diputado desaforado y detenido Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez, el ex administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y José López, el ex secretario de Obras Públicas, entre una lista de unos 30 acusados.

En esta causa, que es la que está más avanzada por la obra pública, están procesados con fallos confirmados por la Cámara Federal la ex presidenta, López, De Vido y Báez, entre otros.

En el caso de la obra pública se acusa a Cristina de ser «jefa de una asociación ilícita» y de haber defraudado al Estado al no velar por sus intereses y favorecer «al amigo presidencial».

Se estima que beneficiaron a Báez con 52 contratos viales por $ 46.000 millones, «plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles». Por ello, se habla de un «direccionamiento» a favor del conglomerado del empresario K.

Pollicita amplió la maniobra y consideró que los «hechos de corrupción» alcanzaron a otro empresario «amigo, ligado personal y comercialmente» a quienes ocuparon la presidencia de la Nación entre 2003 y 2015, como es el caso de Cristóbal López y Fabián de Sousa, ambos procesados con prisión preventiva por presunta administración fraudulenta hace una semana.

Los fiscales entendieron que la investigación no se encuentra «en soledad», sino que se trata de la «causa madre» de un grupo de investigaciones que involucran a la ex presidenta, como Hotesur SA, Los Sauces SA y otros expedientes, como también aquel en el que Cristóbal López es investigado por no pagar a la AFIP $ 8000 millones del impuesto a los combustibles.

Se instauró una «maniobra de corrupción» -según los fiscales- desde el gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes «se montó una organización criminal» para la «sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de obras».

Este circuito de contrataciones «irregulares» permitió que el patrimonio del «amigo presidencial» creciera -entre 2004 y 2015- un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares.

Pero no era la instancia final: los fondos «eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes», sostuvo la fiscalía.

Fuente: la nación