El titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Horacio García, expresó a Infobae que «en la Argentina se hará cumplir la ley para que todos aquellos extranjeros que tengan una condena firme sean expulsados de inmediato del país».

Se estima que hay más de 2.200 extranjeros en condiciones de ser expulsados por haber cometido delitos aunque muchos de estos aún deben cumplir el debido proceso según datos del Servicio Penitenciario Bonaerense.  El 40% de estos ya fueron condenados, aunque no han cumplido aún con la mitad de la pena. Así, se prevé que en condiciones inmediatas de ser deportados hay unos 300. A estos se les solicitará el pedido de expulsión a la Justicia con lo cual ese trámite puede demorar.

En este contexto, el director de Migraciones detalló que a nivel nacional «hay 101 personas que han cometido delitos y que van a ser expulsadas del país cuando las ubiquemos; 253 que infringieron la ley migratoria y también serán devueltos a su país y lo mismo con 600 más que se les va a solicitar la retención por delitos o infracciones a la Ley de Migraciones».

García aseguró que el Gobierno viene trabajando «junto al Poder Judicial para tener un sistema eficiente, claro y rápido para expulsar a los extranjeros que comenten delitos». Así, el 20 de marzo próximo se realizará un encuentro de la Dirección de Migraciones con los jueces de la provincia de Buenos Aires, el procurador general bonaerense y el Servicio Penitenciario de esa provincia con la idea de concientizar a la Justicia sobre la necesidad de informar sobre los casos de extranjeros que hayan cometido delitos.

Por otra parte, el director de Migraciones confirmó que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley de creación de un fuero migratorio, tal como adelantó en noviembre pasado Infobae. Así, se prevé que todos los casos de extranjeros que delinquen se concentren en un solo fuero para agilizar las expulsiones. Esta iniciativa fue redactada el año pasado aunque aún está en estudio de los diferentes bloques legislativos para su eventual tratamiento este año.

«Es un trabajo que venimos llevando a cabo desde hace tres años por pedido del presidente Macri y del ministro Frigerio, basados en un sistema racional para que todas las personas de buena voluntad que vengan a trabajar, a producir, a estudiar en la Argentina, tengan su lugar y los que rompen el contrato de confianza que se generó con el país sean deportados», señaló García. Y añadió que en los casos donde la «Justicia ha determinado la responsabilidad de extranjeros que delinquieron, el Estado argentino dispone que estas personas deban ser expulsadas».

Por otra parte, para desterrar la idea de que el Gobierno tiene una política persecutoria de los extranjeros, García detalló que «nadie puede decir que en la Argentina se les cerraron las puertas a los extranjeros si se radicó en tres años a 660.000 personas».

A la vez, indicó que «un sistema tan abierto tiene que tener un claro mensaje, donde todas las personas que trabajan, estudien y produzcan son bienvenidos, en cambio no queremos que quienes delincan sigan viviendo en nuestra sociedad».

Fuente:Infobae