Como en el momento de la sanción de la ley -que dispone la devolución de 15 puntos porcentuales del IVA por las compras con tarjeta de débito en comercios minoristas- el Indec no publicaba la CBA, se fijó la cifra máxima en 300 pesos. Pero se dispuso, en el artículo 2 de la norma, que el monto debía ser actualizado dos veces al año según ese índice, a partir de enero de 2017. Pese a que el Indec publica la CBA desde septiembre de 2016, Hacienda nunca modificó el tope máximo.

Si se analiza de manera separada el impacto en los jubilados, la porción que usó el beneficio al menos una vez en el último mes considerado asciende al 20 por ciento. El panorama es peor en el resto de los sectores. «En el caso de los titulares de una pensión por fallecimiento y de beneficiarios de la AUH -señala el estudio del ITE-, la cobertura es más baja aún, ubicándose en el 6 por ciento y prácticamente sin cambios durante todo el período analizado. Si bien se destaca un crecimiento en la cobertura en los primeros 6 meses de implementación, a partir de allí la cobertura parece alcanzar su máximo y no logra una mejora significativa.»

El programa también muestra resultados deficientes respecto de la magnitud de los reintegros. Es decir, no todos los beneficiarios que recibieron una devolución de IVA alcanzaron el tope de 300 pesos que señala la ley. «En el caso de jubilados y pensionados se destaca que pasaron de un monto promedio de 226 pesos y 209 pesos en julio de 2016 a valores de 160 pesos y 158 pesos en febrero de 2018. De esta manera, el nivel de la devolución se redujo incluso en términos nominales. En el caso de la AUH, la devolución pasó de 35 pesos en julio de 2016 a 73 pesos, con un máximo de 130 pesos en agosto de 2017», indicó el ITE.

Si se consideran estas cifras en términos reales, es decir, tomando en cuenta el efecto de la inflación, el monto de devolución promedio de los jubilados que usaron el programa cayó un 50 por ciento, mientras que en el caso de los pensionados la caída llegó al 46 por ciento.

Otro dato que expone el mal funcionamiento del programa es el presupuesto que le fue asignado desde la sanción de la ley. En realidad, como se trata de una devolución de impuestos, se consideran un «gasto tributario». En 2017, el Poder Ejecutivo calculó que iba a llegar a 17.000 millones de pesos, pero se devolvió casi 2000 millones de pesos, menos del 9 por ciento de lo estimado. Para 2018, el cálculo de los «gastos tributarios» destinados al programa se redujo un 72 por ciento, a 4775 millones de pesos. Por el ritmo de devoluciones alcanzado hasta abril de este año, esa meta tampoco va a cumplirse.

Fuente: La Nación