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Chubut quiere ser la primera provincia argentina que prohíba el ingreso o expulse a los extranjeros que comentan delitos o cuenten con antecedentes penales. La disposición ya generó polémica y fuertes dudas sobre su constitucionalidad.

El gobernador Mariano Arcioni firmó un decreto que plantea: «disponer por intermedio del Ministerio de Gobierno la realización de aquellas medidas conducentes a la expulsión y prohibición de ingreso a la provincia de Chubut, de ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados o se encuentren cumpliendo condena, que reúnan antecedentes penales o condena no firme por delitos cometidos en la República Argentina o en el extranjero».

El texto, que cuenta con cuatro artículos, también dice que será el Ministerio de Gobierno el encargado de firmar acuerdos con los organismos. «Impulsar la formalización de convenios vinculados con acciones recíprocas y de colaboración con la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Presidencia de la Nación».

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en tanto, analizó el decreto y explicó: «Es inconstitucional porque según nuestro sistema federal el manejo de las relaciones exteriores, esto estaría dentro del mismo, es del gobierno federal. De lo contrario el país sería una confederación con derecho de secesión».

«Las provincias no pueden adoptar decisiones territoriales como si estuvieran escindidas del Estado federal. Esta es una de ellas», detalló Gil Domínguez, y agregó: «Disponer de la expulsión de extranjeros condenados en Chubut para mandarlos a otras provincias, implica desconocer nuestro sistema federal y las atribuciones que tiene el gobierno central. A su vez, transformaría a Chubut en una provincia secesionista. En este caso, tendría un territorio totalmente escindido del territorio federal y del resto de las provincias. Establecería una especie de frontera o aduana respecto de las otras provincias y el Estado federal. Es una barbaridad».

FUENTE: LaNacion