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El refuerzo del Estado policial en el noroeste de China, golpeado por atentados, abre un mercado de miles de millones de dólarespara las compañías que suministran cámaras de seguridad y equipan a los «centros de reeducación».

La vigilancia en la región semidesértica de Xinjiang, poblada por 20 millones de habitantes, ha aumentado de forma exponencial en los últimos años. El Partido Comunista Chino (PCC) alega prevención del separatismo y del extremismo islamista.

Las cámaras son omnipresentes.Apuntan a los imanes que predican en las mezquitas, a los clientes de los restaurantes y hasta a los vendedores de los bazares. Las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos lo califican de intrusión en la vida privada.

Las autoridades de Xinjiang también recurren al reconocimiento facial, a los escáneres de iris, a las muestras de ADN y a la inteligencia artificial para asegurarse de que no quede «ningún ángulo muerto».

La vigilancia en esta región (ya de por sí uno de los lugares más vigilados del mundo) disparó los gastos «casi un 100%» el año pasado, hasta 58.000 millones de yuanes (8.800 millones de dólares), estima Adrian Zenz, experto en seguridad en China de la European School of Culture and Theology (Alemania).

«En 2017, Xinjiang gastó tanto en seguridad como en el espacio de seis años, entre 2007 y 2012», calcula.

Se debe a la amenaza terrorista, aseguran las autoridades. Miembros de la minoría uigur, un pueblo de habla turca y mayoritariamente musulmán, cometieron ataques con arma blanca y explosivos con un saldo de centenares de muertos durante los últimos años en China.

Pekín advierte de vínculos entre estos activistas radicalizados, a menudo presentados como «separatistas», y grupos yihadistas internacionales.

En cualquier caso, para las empresas chinas como Hikvision, el mayor abastecedor mundial de equipamiento de vigilancia, este «boom» es un golpe de suerte.

En 2017 ganó al menos cinco contratos en la región, por un total de 1.850 millones de yuanes (279 millones de dólares), según Its114.com, una página web china especializada. La compañía suministrará, por ejemplo, un «sistema de prevención y control social» con decenas de miles de cámaras.

Las autoridades regionales publicaron miles de licitaciones desde el comienzo de 2017. Abarcan desde el suministro de cámaras, uniformes policiales y vehículos blindados hasta la construcción de «centros de reeducación» en los que los sospechosos realizan ejercicios militares y cursos de marxismo.

Según una investigación, alrededor del 20% de los adultos de una aldea de la región fueron enviados a estos centros. Algunas fuentes denuncian cientos de miles de detenciones.

Entre los contratos obtenidos por Hikvision figura un proyecto de 309 millones de yuanes (46 millones de dólares) en el condado rural de Moyu.

La licitación consultada menciona una red de alrededor de 35.000 cámaras que vigilarán los colegios, las calles, las oficinas y las 967 mezquitas locales. Los macrodatos, la teledetección y el posicionamiento por satélite también contribuirán a «mantener el orden social».

Según el documento, Hikvision suministrará seis «sistemas de videovigilancia» para los centros de reeducación, cuya existencia niega Pekín.

En julio, otra compañía, Dahua Technology, logró un contrato de 4.300 millones de yuanes (650 millones de dólares ) para construir un «programa de ciudades seguras» en el condado de Yarkand.

Todo ello engrosa las ganancias de las compañías, pero aumenta la deuda pública de la región. Por eso, en un momento en el que Pekín pide esfuerzos de desendeudamiento, algunos de los proyectos han sido suspendidos.

La industria conserva un potencial inmenso. El gabinete chino de asesoramiento financiero CHYXX estima en 16.200 millones de yuanes (2.400 millones de dólares) las necesidades en cámaras para los próximos tres años.

En abril de 2017, un estudio de un organismo gubernamental de Xinjiang predijo que «el valor total de las inversiones en materia de seguridad alcanzará al menos a 40.000 o 50.000 millones de yuanes».

Agencia AFP.

Fuente: Clarín