Duro informe de Amnistía Internacional sobre la política de derechos humanos en la Argentina

El informe anual de 2017/2018 denunció "una criminalización" contra grupos indígenas; habla de un retroceso en la politica migratoria y detenciones "indiscriminadas" de parte de la policía



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Una «criminalización y discriminación» de los pueblos indígenas. Derechos de los inmigrantes con «retrocesos importantes». Detenciones «indiscriminadas» y mujeres maltratadas por la policía. Críticas por la muerte de Santiago Maldonado y por la detención de Milagro Sala.

Estos son algunos de los ejes relevantes del informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo 2017/2018 que presentará este jueves Amnistía Internacional y cuyo capítulo dedicado a la la Argentina muestra una dura crítica a la política de derechos humanos del gobierno de Mauricio Macri.

Si bien ofrece algunos elogios al país como la sentencia en la megacausa ESMA y los avances legislativos con la ley de emergencia territorial y la ley de paridad de género, en líneas generales el documento es duro con el Gobierno.

El informe anual de Amnistía al que accedió Infobae será presentado hoy en todo el mundo. Contempla severas críticas a la situación de violación a los derechos humanos en Venezuela y también revela una primera radiografía completa de los dos primeros años de Macri en materia de derechos humanos sobre los siguientes temas:

1- Comunidades indígenas y Maldonado. El documento sostiene que «la mayoría de las comunidades indígenas aún no contaban con un reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra, pese a que la Constitución reconocía su derecho a sus tierras ancestrales y a los recursos naturales».

En este punto Amnistía destacó que en enero de 2017, la policía local y miembros de la Gendarmería Nacional Argentina, «una policía federal militarizada», cerraron todos los puntos de acceso a la tierra indígena habitada por la comunidad mapuche Pu Lof en Chubut.

Así, al abordar el caso de la muerte de Maldonado el informe revela que «la comunidad denunció ataques de las fuerzas policiales que incluyeron golpes e intimidación a niños y niñas». Y luego califica como «una operación ilegal» de la Gendarmería la que se realizó en la comunidad de Pu Lof durante la cual desapareció el tatuador. Indica más adelante que el fue hallado el cuerpo del joven y que la investigación sobre su muerte no concluyó.

2-Derechos sexuales y reproductivos. En referencia a este tema el informe anual de Amnistía sostiene que en la Argentina «las mujeres y las niñas seguían afrontando obstáculos para acceder a un aborto legal cuando el embarazo ponía en peligro su salud o cuando era consecuencia de una violación». Así, aclara que la despenalización plena del aborto estaba pendiente de aprobación en el Congreso.

3-Violencia contra las mujeres. En un apartado especial, el informe destaca que, según datos de la sociedad civil, entre enero y noviembre del año pasado se registraron al menos 254 femicidios. En tanto, denunció que el Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres «para el período 2017-2019 parecían carecer de los recursos necesarios para su implementación plena».

4-Inmigrantes y refugiados. El informe de Amnistía cuestiona duramente el decreto de Macri que modificó la ley de migraciones de 2004 para «limitar los derechos de entrada y residencia y potencialmente acelerar las deportaciones».

En tanto, al recordar la promesa del Presidente de recibir 3000 refugiados sirios destaca que «el sistema de recepción de solicitantes de asilo seguía siendo lento e insuficiente, y no había un plan de integración vigente para ayudar a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a acceder a derechos básicos, como la educación, el trabajo, la atención médica y el aprendizaje del idioma».

De esta manera, Amnistía señala que, a pesar del compromiso del jefe de Estado, hasta ahora no se había creado ningún programa de reasentamiento y «menos de 400 personas refugiadas sirias se habían beneficiado de un plan de patrocinio privado y de visados por razones humanitarias».

5-Juicios a militares. Amnistía señaló que en 2017 seguían celebrándose ante tribunales civiles ordinarios los juicios orales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar de 1976-1983.  Así, enumera que entre 2006 y mayo de 2017 se dictaron 182 sentencias, con lo que el número total de personas declaradas culpables se elevó a 756 y el de absoluciones ascendió a 74.

6-AMIA. Al evaluar el caso del encubrimiento de la investigación del atentado de 1994 contra el edificio de la AMIA, la ONG mundial encargada de velar por los derechos humanos alertó que un decreto de Macri de abril de 2017 transfirió documentación clasificada de la Unidad Fiscal Especial al Ministerio de Justicia, lo cual «ponía en peligro la independencia de la investigación y restringía el acceso de la acusación a las pruebas».

Fuente: Infobae

 



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