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Según la denuncia, el problema «se origina al darse un marcado apartamiento a las facultades, formalidades y procedimientos establecidos en el Estatuto Social de CAME, para la administración de dichos fondos durante el periodo 2018 – 2019».
Las autoridades indican que las decisiones en CAME no fueron tomadas por su Consejo Directivo, sino que por «una minúscula cúpula de dirigentes». «El Consejo Directivo está conformado por 90 miembros y el proceso de toma de decisiones por el cual se distribuyen los fondos del INACAP, sólo involucraba a tres de sus integrantes», se explica en la denuncia.
En consecuencia, aseguran que este accionar se trató de una «violación al Estatuto Social de CAME», donde al menos 85 consejeros quedaron ausentes en la toma de decisiones.
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