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La Cámara Federal revocó ayer el procesamiento contra el exministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa que investiga millonarios pagos de subsidios al gasoil a empresas de colectivos entre 2003 y 2014.

La Sala II del tribunal dispuso la falta de mérito del exministro y le devolvió la causa al juez Claudio Bonadio para que siguiera investigando y realizara un nuevo peritaje. Según la Cámara, el estudio en el que basó el procesamiento «carece de la necesaria precisión».

Este fallo no modifica la situación de detención de De Vido. Nunca estuvo detenido por esta causa, sino por otras dos.

En este expediente se investiga un presunto pago irregular de millones de pesos de subsidios al gasoil a empresas de colectivos. Los subsidios se entregaban de acuerdo con un cálculo basado en informes sobre los kilometrajes de las unidades. Esos informes, según Bonadio, fueron adulterados.

La Cámara Federal también dictó la falta de mérito de los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ramos, y de los extitulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Antonio Sícaro, Pedro Romero y Roque Lapadula.

La decisión fue tomada por mayoría, con los votos de los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero. El tercer miembro del tribunal, Martín Irurzun, votó en disidencia.

«El juez se ha servido de las conclusiones de un estudio comparativo que, como bien lo señalaron algunas de las defensas en sus respectivos recursos, omitió incluir una serie de variables que necesariamente debieron ser consideradas, teniendo en cuenta las características del hecho investigado», sostuvo Ballestero.

Según los cálculos de Bonadio, los subsidios irregulares que se pagaron provocaron un perjuicio a las arcas públicas de 609.326.186,25 pesos. Esos fondos los cobraron las empresas de transporte, que, entre otras maniobras, están acusadas de haber adulterado el kilometraje de sus unidades, algo que pudieron hacer porque los responsables de controlar el sistema pusieron el cálculo en manos de las propias compañías. Los pagos bajo investigación se hicieron entre julio de 2003 y marzo de 2014.

Fuente: la nación