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La respuesta llegó poco después de que se conociera la intención del fiscal Gerardo Pollicita de pedir la indagatoria para Cristina Kirchner, a raíz de la confesión de Romero, en la causa que investiga la prórroga de la concesión de la hidrovía. Y un día después de que el exfuncionario Martín Larraburu vinculara a dirigentes de La Cámpora como receptores del dinero negro.

La carta de Cristina se titula «Sobre pijamas, dormitorios y decretos en la Argentina macrista arrepentida» y en ella acusa al fiscal Carlos Stornelli y al juez Claudio Bonadio por «el evidente manejo extorsivo de la figura del arrepentido». También señala a la cúpula del Poder Judicial, los medios de comunicación y el Gobierno, por dar su «beneplácito» a una situación «escandalosa».

Pero el eje del texto estuvo puesto en señalar que la firma del decreto 113/10, que extendió hasta 2021 la concesión para el Grupo Emepa de la hidrovía, fue el resultado de un proceso que incluyó intervenciones de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), la Procuración del Tesoro, la Sigen, la Cancillería y el Congreso.

La expresidenta dijo que, por todo ese proceso, estaba «obligada» a firmar el decreto. «Sería muy interesante que el Sr. Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos», sostuvo, para elevar la apuesta: «Al contrario, los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos».

El primer párrafo de la carta está dedicado a relativizar la causa que instruye Bonadio y a ningunear tanto al remisero Oscar Centeno como a Uberti, quien relató la existencia de bolsos con dólares por sumas millonarias en el dormitorio del departamento de Recoleta de los Kirchner y acusó al fallecido expresidente de violencia y maltratos.

«He decidido no hacer comentarios sobre remiseros ?arrepentidos’ que dicen haberme visto en pijama, ni tampoco opinar sobre exfuncionarios de cuarta línea, también ?arrepentidos’, que nunca formaron parte de mis dos presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio», comienza la publicación de Cristina.

Acto seguido, la expresidenta justificó su reacción y el texto de la carta por la «indignación» que le produjeron las noticias sobre la confesión del empresario Romero.

A partir de ahí, y a lo largo de once puntos, relató que por la salida de la convertibilidad en 2002 se volvió obligatorio renegociar los contratos de obras y servicios públicos, incluido el de la Hidrovía, originado en 1995, y que para eso Néstor Kirchner creó la Uniren.

Agregó que ese organismo llegó a un acuerdo en 2007 con Hidrovía SA, pero que el acuerdo perjudicaba a la empresa en la liquidación del IVA. Allí entra a tallar el Congreso, que sancionó la ley 26.543 en 2008 para modificar la tributación de la empresa. «Por UNANIMIDAD [sic]», resaltó la expresidenta.

Luego refirió que el acuerdo entre Uniren e Hidrovía SA fue sometido a audiencias públicas y revisado por la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación.

«Lo más distintivo de este proceso fue que, por tratarse de facultades delegadas, la propuesta de Acta Acuerdo salió de la esfera de decisión del Poder Ejecutivo y su contenido fue obligatoriamente sometido a consideración y aprobación del Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional», continúa la carta. «O sea, sin Parlamento, no había decreto», agregó Cristina, para concluir que, con las modificaciones propuestas por el Congreso, más los aportes de la Procuraduría, la Sigen y la Cancillería, la empresa Hidrovía SA firmó el acuerdo final con la Uniren en 2009.

«Correspondía al Poder Ejecutivo ratificar los acuerdos alcanzados y por eso el 21 de enero de 2010 firmé el decreto 113», finalizó.

Fuente: La Nación