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Grupos defensores de derechos humanos en Colombia denuncian que en los últimos años se produjo en ese país el mayor número de asesinatos de líderes sociales y comunitarios de toda América Latina y que la respuesta del Estado se limitó a fortalecer aun más la militarización de los territorios, pese al compromiso asumido en 2016 con el acuerdo de paz.

Con estadísticas difíciles de elaborar debido a las características del conflicto, las cifras varían entre más de 400 muertes (desde 2016 hasta 2020), según Human Right Watch (HRW); más de 700 según la Defensoría del Pueblo de Colombia, o más de mil, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Solo entre enero y febrero de 2021, ya fueron asesinados 73 líderes sociales y excombatientes en el país latinoamericano.

En diciembre de 2020, el presidente Iván Duque dijo que los asesinatos de líderes sociales no son un fenómeno de su Gobierno, sino que «viene de atrás y más atrás» y que la gran mayoría de ellos se vinculan a la narco-estructura de grupos paramilitares: 78% son responsabilidad de grupos como «Las Caparros» o «Los Pelusos».

Sin embargo, este mes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, le pidió al Estado colombiano que tome responsabilidad por los crímenes.

«Es aberrante que los defensores de los derechos humanos tengan que asumir tantos riesgos para avanzar en su causa, es aberrante que grupos armados diversos puedan amenazar y atentar contra la vida de los defensores en los territorios», sentenció De Rivero.

Fuente: Télam