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La Justicia pareció acelerar el proceso contra el lobbista Jorge «Corcho «Rodríguez, sospechado de intermediar en el pago de sobornos que realizó la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios argentinos.

A la prohibición de salir del país dispuesta por la Justicia luego de que se supo que en cuentas cercanas a él en Uruguay se recibieron 32 depósitos por 9 millones de dólares, ayer se confirmó su inhibición general de bienes. De esa forma sus fondos quedaron congelados. Esta es una medida que había dispuesto el juez federal Sebastián Casanello, pero que ahora ratificó la Cámara de Casación Penal en un fallo en el que instó a que se defina si va a ser llamado a indagatoria y procesado ante la sospecha de que intervino en el pago de coimas.

Rodríguez niega todas las acusaciones, señala que los depósitos los recibió una cuenta de una empresa de la que él es cliente y que es de sus contadores. Y argumenta que, además, tenía contratos como asesor o lobbista de Odebrecht y que cobraba por eso.

Sin embargo, en Brasil, lo señalan como el supuesto intermediario en el pago de coimas que habrían llegado a los funcionarios de Planificación en la Argentina.

Los jueces de la Sala III de la Casación Eduardo Riggi, Carlos Mahiques y Liliana Catucci dispusieron que los bienes de Rodríguez sigan inhibidos y además señalaron que Casanello debe «en el plazo más breve» definir la situación de Corcho Rodríguez y, al mismo tiempo, estimar el perjuicio que produjo con sus acciones, de modo de estimar el monto de dinero que podrían embargar o inmovilizar como resarcimiento. Con la intervención del fiscal Raúl Pleé, los camaristas dijeron que en esta causa se investiga el direccionamiento de licitaciones llevadas adelante por AySA para la adjudicación de obras y el pago de sobornos a funcionarios públicos como consecuencia de esas contrataciones.

Las obras aludidas son la construcción de la ejecución y puesta en marcha de la Planta de Potabilización Paraná de Las Palmas, y la construcción de la Planta de Pretratamiento del Sistema Berazategui.

Señalaron que las maniobras indicadas se habrían llevado a cabo entre 2007 y 2014 y los pagos de coimas se canalizaron por empresas offshore. Las sospechas ubican a Rodríguez «como intermediario entre quien identifican la mano derecha de Julio De Vido, el exsubsecretario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta y el representante de la empresa brasileña en la Argentina Rodney Rodrigues de Carvalho».

El juez consideró que si bien la firma uruguaya Sabrimol Trading figura a nombre de los contadores, sería propiedad de Rodríguez, que estaría ligado a las empresas Medios y Contenidos SA, Helicopter Corporation SA y Nelly Entertainment, relacionadas con los involucrados. Los representantes de las empresas que hicieron los trabajos, tres implicadas en el Lava Jato, habrían pagado coimas a las autoridades de AySA para asegurarse la adjudicación del servicio y para imponer las condiciones de ejecución del contrato en su beneficio.

Casanello, de hecho, indagó a los empresarios que tuvieron las obras y a las autoridades de AySA. Apenas regrese de una breve licencia resolverá sus situaciones procesales. Entre los indagados están Carlos Wagner, dueño de Esuco, y Benito Roggio.

A pesar de que el Corcho no fue llamado aún a indagatoria, los jueces de la Casación dijeron que se justifica inhibir todos sus bienes ante la necesidad de neutralizar los riesgos que impidan el recupero del dinero. Sobre todo teniendo en cuenta «la existencia de una importante red de sociedades offshore, radicadas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Antigua y Barbuda y Uruguay, que por su posible conexión con los hechos y con las personas implicadas en la investigación, se instituían en una amenaza concreta para los fines del proceso».

Para la fiscalía a cargo de Federico Delgado se probó que la actuación de Rodríguez como nexo entre funcionarios argentinos y Odebrecht fue expuesta por José López. Y se corroboró en el intercambio de mensajes de texto entre López y un empleado de su confianza, Amílcar Fredes. La idea de que era lobbista de Odebrecht se comprobó a partir del hallazgo de facturas de su empresa Nelly Entertainment SA por servicios de «asesoramiento», pagados por Odebrecht y por los viajes que realizó junto a directivos de la constructora brasileña.

Fuente: La Nación