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El fallo fue firmado por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, de la Sala II de la Cámara Federal, que confirmaron los procesamientos de Roberto Mazal, jefe de la División Jurídica de la Dirección Regional Centro de la AFIP, y Fidel Chiapperiy, máxima autoridad de esa repartición en aquella en época.

Asimismo, la Cámara confirmó la reformulación que ordenó el juez Daniel Rafecas sobre los cargos que pesan sobre Germán Bravo, exjefe interino de la Sección Penal Tributaria de la Dirección en cuestión.

Se estableció que la AFIP pidió con urgencia un allanamiento en tres lotes de un club de chacras de Campana en una causa sobre supuesta evasión del impuesto a las ganancias de la empresa inmobiliaria. Cuando en realidad la empresa tenía domicilio en la Capital Federal y esos lotes no eran de ella sino que habían sido vendidos a Carrió.

Los jueces entendieron que se buscaba hacer el allanamiento solo para perjudicar a Carrió sin que tuviera ningún sustento en esa investigación. «En el caso, existió un uso abusivo de las facultades otorgadas a la AFIP para desarrollar actividades con el fin de incentivar y motivar una campaña de desprestigio contra la legisladora Elisa Carrió», argumentaron.

Ahora pidieron investigar quienes fueron los funcionarios de la AFIP de mayor rango que pudieron estar detrás de la maniobra.

Fuente: La Nación