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Como resultado de un delicado bordado político entre el Gobierno y el peronismo no kirchnerista, el Senado avanza a paso lento aunque firme con la designación de jueces para completar la gran cantidad de vacantes existentes en el Poder Judicial de la Nación.

En su última sesión, el 16 de abril pasado, la Cámara alta les dio su visto bueno, con el voto de Cambiemos y de una porción importantes del Bloque Justicialista, a la designación de 22 jueces en diferentes fueros y puntos del país.

A la espera de la próxima sesión, prevista para pasado mañana, hay más de 60 pliegos que recibieron dictamen en las dos últimas audiencias convocadas por la Comisión de Acuerdo, que preside Rodolfo Urtubey (PJ-Salta).

Así, y en medio de una campaña electoral que subió en intensidad tras la decisión de Cristina Kirchner de competir como precandidata a vicepresidenta en fórmula con Alberto Fernández , el Senado podría estar designando más 80 jueces en poco más de un mes. Resta saber si el anuncio del binomio kirchnerista quitaría apoyos legislativos que Cambiemos daba por descontados.

La cifra es superior al tercio de los 237 juzgados nacionales y federales que, según estadísticas del Consejo de la Magistratura y del Ministerio de Justicia, se encuentran vacantes sobre el total de los 988 cargos de magistrados (jueces, vocales de cámara) existentes.

La única voz discordante es la del kirchnerismo, cuyos representantes vienen faltando sistemáticamente a las audiencias de la Comisión de Acuerdos, que rechaza gran parte de los pliegos que llegan al recinto de la Cámara alta.

«En un año electoral y máxime la desbandada que todos estamos percibiendo en la cual la fuerza gobernante incurre, no estamos dispuestos a acompañar una maniobra para dejar jueces sembrados por todos lados», denunció el jefe del bloque del Frente para la Victoria (FPV), Marcelo Fuentes (Neuquén).

La oposición del kirchnerismo guarda lógica no solo en retacearle la posibilidad de designar jueces a la administración de Mauricio Macri en su último año de gestión, sino que también obedece a la estrategia de Cristina Kirchner (FPV-Buenos Aires) de acusar al Gobierno de usar a la Justicia como herramienta de una persecución política.

Pero, además, es coherente con la política aplicada por la senadora durante su segundo mandato presidencial, cuando acumuló vacancias en juzgados y vocalías de cámaras para poder ocuparlas con jueces subrogantes que salían de listas armadas por el Poder Ejecutivo con abogados de claro alineamiento con el kirchnerismo,

Las cifras son lapidarias. Desde 2011 hasta 2015 el Consejo de la Magistratura, dominado entonces por el kirchnerismo, elevó apenas 66 ternas para que el Poder Ejecutivo eligiera el candidato cuyo acuerdo reclamarle al Senado.

Esa baja producción del Consejo de la Magistratura comenzó a cambiar a partir de 2016, luego de que la Corte Suprema de Justicia se quejara por la gran cantidad de vacantes que había en el Poder Judicial, que a octubre de ese año llegaba a los 250 cargos.

Así, desde el año pasado comenzaron a llegar al Senado una gran cantidad de pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo producto de los concursos convocados por el Consejo en los últimos dos años.

Pichetto y Urtubey:
La gran mayoría de esos pliegos fueron aprobados en la Comisión de Acuerdos sin conflicto, como resultado de las «consultas» entre el ministro de Justicia, Germán Garavano , y los referentes del Senado en materia judicial: los peronistas Urtubey y Miguel Pichetto (Río Negro) y el presidente provisional de la Cámara alta, Federico Pinedo (Pro-Capital).

La base del acuerdo ha sido el respeto de los «intereses» de ambas partes. Si bien no es excluyente, el PJ tiene mayor incidencia en la designación, o veto, de candidatos en tribunales del interior del país, como resultado de su relación con los gobernadores peronistas; Cambiemos ha puesto su mira en los tribunales ubicados en suelo porteño.

No todo ha sido color de rosa, ya que hubo quejas y bolillas negras a postulantes elegidos por la Casa Rosada. Sin las firmas necesarias para aprobar los dictámenes en la Comisión de Acuerdos, donde el PJ tiene mayoría, el oficialismo manejó esas disidencias evitando las discusiones estridentes.

Por esta razón, al menos una docena de pliegos han quedado congelados, incluso algunos debieron ser retirados por el Poder Ejecutivo, luego que desde el PJ se le hiciera llegar al oficialismo su negativa a avanzar con alguna designación por el veto aplicado por algunos de los miembros de la bancada que preside Pichetto.

Fuente:

La Nación