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El leading case es el del jubilado Luis Orlando Blanco que se jubiló en 2003, hizo juicio y lo ganó. Pero ya vigente la Reparación Histórica, se le aplicó para el pago la fórmula obtenida a través de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), en lugar de la basada en el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC). Ese nuevo juicio es el que eligió la Corte para fallar en la última de las estaciones de su agenda, antes de fin de año.
La novedad es que esa modalidad de sentencias programadas que dotaron de previsibilidad el tratamiento de casos tendrá una continuidad durante 2019. Varias vocalías ya están trabajando en la preparación de un temario para el primer trimestre luego de la feria judicial de enero. El objetivo es mostrar de cara a la sociedad que (al menos una mayoría) recibió como demanda social que se le exigirá un cambio cultural al Tribunal apoyado en la celeridad y la transparencia. Asuntos como la extensión de la prisión preventiva o el encarcelamiento domiciliario para casos de lesa humanidad, incluyendo la denominada “doctrina Irurzun” aparecen como favoritas para el cronograma versión 2019. El lema de transparencia es uno de lo que pican en punta como ideas fuerza tras la prueba piloto de Impuesto a las Ganancias para el Poder Judicial, el “2×1” y la ley de Lemas para Santa Cruz. El ensayo permitió conjurar el “cabildeo”, algo que sufrieron los operadores judiciales de la Casa Rosada. “La división de poderes incluye a los ingenieros”, se le escuchó decir a un magistrado en uno de los ascensores que suben más rápido al cuarto piso de Talcahuano 550. La alusión era al Presidente.