Ciccone: el nuevo Código Penal podría duplicar la pena para Boudou

Con una montaña de pruebas reunidas desde 2011 y expuestas durante el juicio oral que está llegando a su fin, la investigación por coimas, aprietes y contratos espúreos para que el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou lograra controlar a través de sus amigos la imprenta Ciccone Calcográfica, sanear sus deudas y engordarla imprimiendo billetes para […]



No Banner to display

Con una montaña de pruebas reunidas desde 2011 y expuestas durante el juicio oral que está llegando a su fin, la investigación por coimas, aprietes y contratos espúreos para que el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou lograra controlar a través de sus amigos la imprenta Ciccone Calcográfica, sanear sus deudas y engordarla imprimiendo billetes para el Estado se convirtió en un caso emblema de la corrupción kirchnerista.

Aunque compite cuerpo a cuerpo con otros cuantos ejemplos de ex funcionarios enriquecidos súbitamente al mojarse en el Jordán de la administración pública, Boudou es el máximo exponente del arribista: sin militancia partidaria pero un irresistible ángel para conquistar voluntades, este Hamelin de la política trepó de a cuatro los escalones del poder hasta ubicarse en el segundo asiento del manejo del país. Para cualquiera habría sido un sueño inigualable. No para Amado: desde aquél sillón siguió dedicándose a los negocios y atajos que pudieran llevarle alguna ventaja.

Sabemos qué pasó y cómo terminó. Ciccone, ahogada por la AFIP y reanimada con un incomprensible plan de cuotas cuando pasó a manos de The Old Fund -caballo de Troya del ahora arrepentido Alejandro Vandenbroele, José Núñez Carmona y detrás de ellos Boudou-, de inmediato logró contratos con el Frente para la Victoria para imprimir boletas electorales, y con la Casa de Moneda para hacer billetes. La galopante inflación los gastaba a mayor velocidad, y la decisión política de esconder esa inflación escamoteaba la lógica decisión de hacer moneda de mayor denominación. El negocio estaba asegurado.

Descubierta y contada por los periodistas mucho antes de que la justicia despertara de su siesta, ahora esta historia fue confirmada en Tribunales, y está a punto de encontrar su castigo. Entonces, la sorpresa y la indignación. Aún si el TOF 4 le diera la razón a la fiscalía o a la querellante Unidad de Información Financiera, que pidieron la pena máxima para los delitos de soborno pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, Boudou se iría a prisión con una condena de apenas seis años de cárcel, sujetos por supuesto al habitual programa de negociaciones y reducciones. Un mero tirón de orejas.

Si levantamos la vista hacia otros delitos por corrupción -«contra la administración pública», según la nomenclatura- la actual escala de penas es igualmente suave. Por supuesto, se aplicarán en el remotísimo caso de que la causa llegue a la instancia de condena: como reveló la auditoría sobre los juzgados federales porteños que está procesando el Consejo de la Magistratura, entre 1996 y 2006 apenas el 8% de los expedientes llegó a juicio oral.

Para morigerar el escándalo y revalorizar la gravedad que la sociedad le atribuye a los delitos de corrupción, el anteproyecto de nuevo Código Penal que acaba de terminar una comisión interdisciplinaria dirigida por el juez Mariano Borinsky prevé un drástico cambio: siguiendo el ejemplo del caso Ciccone, aquella pena máxima de seis años podría duplicarse. Si el proyecto se aprobara, el artículo 256, que penaliza el cohecho y el tráfico de influencias, pasaría de una pena de 1 a 6 años de prisión, a otra de 4 a 12 años.

Algo parecido ocurriría con el otro delito por el que aún puede ser condenado el ex vicepresidente, y que es un hit entre las causas por corrupción: enriquecimiento ilícito. Hoy, los pocos que sean condenados cumplen -digamos- penas de 2 a 6 años, y con el nuevo código serían de 4 a 12 años. Otro detalle: el lapso para que un ex funcionario público no deba justificar sus bienes luego de abandonar la función hoy es de dos años, y pasaría a ser de tres.

Son señales, herramientas que se incorporarían a la caja de los jueces. Antes, claro, deberían ser bendecidas por el Congreso. Allí donde, por ejemplo, duerme hace dos años el proyecto de ley de extinción de dominio.

Fuente: Clarín

Publicado en: Destacado, Noticias, Política   Etiquetas: , ,


Articulos relacionados