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En un clima de tensión, el Juzgado Federal de Esquel estuvo tomado por una veintena de mapuches de la comunidad Vuelta del Río durante varias horas hasta pasado este mediodía. Desde la planta baja del recinto exigían el apartamiento del juez Guido Otranto, que investiga en la causa de la desaparición de Santiago Maldonado , con quien se reunieron durante cuarenta minutos antes de levantar la toma.

Desde el inicio de la toma, que ellos calificaron de «pacífica», los mapuches demandaban ser recibidos por el magistrado y éste se negaba, y luego la situación se revirtió: Otranto aceptó mantener un diálogo con la comunidad, pero la comunidad esperaba un consenso para aceptar la reunión.

La werken o vocera de la toma, Moira Millán exigía el ingreso al recinto del canal 4 para que registre lo que allí sucede y que la conversación sea escuchada por los medios afuera, a través de un celular. También reclamaba que el juez «se acomode a los tiempos de los pueblos originarios».

La comunidad Vuelta del Río, vinculada a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), fue allanada el lunes último, al igual que la Pu Lof, y buscaban en la reunión con el juez Otranto saber «por qué estaban bajo sospecha». En su reunión de 40 minutos, Otranto les respondió que no lo estaban, y que el operativo en el terreno que ellos ocupan se debió a la denuncia de un ciudadano de El Maitén que había asegurado que allí estaba Santiago Maldonado. Finalmente no encontraron pistas.

Después de la reunión, la comunidad decidió levantar la ocupación del juzgado de Esquel.

Contra Otranto

La comunidad pedía la renuncia del magistrado, cuya recusación en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado está siendo evaluada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se sumó ayer a la recusación del juez y objetó su imparcialidad a partir de la entrevista de Otranto a LA NACION. Antes lo había hecho la familia Maldonado, a través de su abogada, Verónica Heredia, aunque con otros argumentos que confluyen en una misma acusación: su supuesta falta de objetividad.

En la entrevista con este medio, Otranto afirmó que la hipótesis «más razonable» que maneja es que el joven artesano murió ahogado el 1 de agosto pasado durante el desalojo de Gendarmería de la protesta de la comunidad mapuche en la ruta 40.

El juez, además, se quejó de los abogados de los organismos de DD.HH.. «Lo único que tienen son críticas a la investigación, pero aportes de testigos, ninguno. Un habeas corpus no es un proceso contencioso: deberíamos estar todos interesados en descubrir qué pasó», apuntó.

Fuente: La Nación
Foto: Emmanuel Fernández