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Desde fines de mayo el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad realiza inspecciones en locales de venta y reparación de celulares para frenar la comercialización de teléfonos robados. Según se informó, estos operativos son encabezados por la Dirección de Cibercrimen de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad y cuentan con la colaboración de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) porteñas, el Enacom y la Dirección Nacional de Migraciones.

En ese tiempo fueron detenidas 90 personas por incumplimiento de la ley N° 25.891 de Comunicaciones y por encubrimiento de robo; fueron secuestrados 460 celulares cuyos IMEI (el número de serie interno de 15 dígitos que identifica a cada equipo) fueron adulterados. El 95% de esos apresados son extranjeros; sumaron 66 los detenidos de nacionalidad peruana.

En las inspecciones, el personal del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) comprueba el número de IMEI del aparato con relación a la base de datos mundial, de forma de detectar aquellos que eventualmente figuren como robados, se explicó.

En tanto, el ministro recordó que es fundamental registrar los celulares llamando al *234#. «Si sufren un robo del teléfono inmediatamente hay que bloquearlo llamando al *910. Esto impide el uso, comercialización, importación y exportación de los mismos obtenidos a partir de maniobras delictivas o fraudulentas», explicó.

El bloque Cambiemos presentó en la Legislatura un proyecto de Ley que busca combatir el comercio ilegal de celulares regulando aspectos relativos a la compra, venta y reparación de los teléfonos, sus repuestos y partes.

Este proyecto, impulsado por el legislador Ariel Álvarez Palma, crea un registro online y gratuito de celulares y repuestos que busca impedir el comercio de aparatos provenientes del robo.

Las personas que se dediquen a la comercialización y reparación de celulares tendrán que inscribir los datos de cada teléfono celular que posean para la venta; la descripción de las partes que utilicen, los teléfonos celulares que tengan para su reparación y las operaciones de compraventa que realicen.

Las AGC será la autoridad de aplicación responsable de realizar las inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento de la misma.

La Agencia podrá secuestrar los celulares que no estén inscriptos en el registro como así también cuando no se acredite su legítima adquisición o cuando la información asentada en el sistema de comercialización de celulares fuera falsa o estuviese adulterada.

Los comerciantes que incumplan con la reglamentación tendrán multas que irán desde las 600 unidades fijas ($7800) hasta las 50.000 ($650.000), además de sufrir el secuestro de todo el material ilegal.

Fuente: La Nación