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Dos integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal sostuvieron que el tribunal vive una «crisis de inédita y creciente magnitud» y reclamaron una reunión de todos sus miembros sin la presencia del presidente del cuerpo Gustavo Hornos, uno de los jueces cuestionados por sus visitas a la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri.

El planteo quedó plasmado en un oficio suscripto por el vicepresidente de Casación, Alejandro Slokar, y la expresidenta de ese Tribunal, Ángela Ledesma, quienes ya habían cuestionado a Hornos y le venían reclamando sin éxito que convocara a una reunión de Acuerdo General para debatir cuestiones vinculadas con su representatividad.

El nuevo reclamo se originó luego de que los jueces se enteraran el lunes que no sería convocada la reunión de acuerdo de Superintendencia prevista para este martes: allí se reúnen el presidente de Casación con los presidentes de las salas y se esperaba la asistencia de Mariano Borinsky (sala IV), también en el foco de las críticas en los últimos días por sus visitas a Macri en la Quinta de Olivos.

Fuentes del máximo tribunal penal señalaron a Télam que la Cámara de Casación se atraviesa una suerte de «parálisis administrativa» producto de la desconexión que impera por estos días entre sus integrantes que ya no logran reunirse ni siquiera a través de la plataforma virtual Zoom.

Algunos de los jueces de la Casación explican que las reuniones de acuerdo (ya sea de Superintendencia o General) no se concretan porque ya son al menos tres los magistrados a los que sus colegas les reclamarían explicaciones, situación que son pocos los que la quieren afrontar.

«Las circunstancias actuales, que lo inhabilitan para continuar a cargo de la cuestión que lo vincula, fuerzan a que se aparte en forma inmediata para el tratamiento por parte del pleno de una crisis de inédita y creciente magnitud, que merece la debida corrección», advirtieron Slokar y Ledesma en el texto con el que instaron a sus colegas a darse cita en una reunión plenaria.

La crisis en el tribunal se desató semanas atrás, cuando el entonces diputado nacional y actual ministro de Justicia, Martín Soria, reveló a través de su cuenta de Twitter que el presidente de la Casación había visitado en al menos seis oportunidades la Casa Rosada cuando gobernaba Mauricio Macri.

Pocos días después otro juez de ese tribunal, Juan Carlos Gemignani, quedó en el foco de los cuestionamientos cuando escribió «feliz día a todos, especialmente a las delincuentes» como saludo por el día de la Mujer Trabajadora en el grupo de WhatsApp que comparte con sus colegas.

La crisis se agravó el último fin de semana, cuando el portal de noticias El Destape publicó una investigación periodística en la que dio cuenta que el juez Borinsky había concurrido en al menos 15 oportunidades a la Quinta de Olivos cuando allí vivía el entonces presidente Macri.

Los tres jueces fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura; la investigación sobre la conducta de Hornos es la más avanzada dado que ya se dispusieron las primeras medidas de prueba.

«Quizás Hornos no convocó a una nueva reunión de acuerdo porque ya decidió que solo dará explicaciones ante el Consejo«, sostuvo uno de sus colegas.

El propio Hornos había dejado trascender cuando se conocieron sus visitas a la Casa Rosada durante el Gobierno de Macri que respondería ante el órgano encargado del control de la conducta de los magistrados y este mediodía, según revelaron fuentes judiciales a Télam, presentó abogados defensores en el expediente que se le sigue.

Ese expediente tiende a seguir creciendo: este lunes el abogado Carlos Beraldi, representante legal de los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López, acusó a Hornos ante el Consejo por haber ocultado en 2018 sus accesos a la Casa Rosada y, a la vez, su vínculo con el expresidente Macri.

Beraldi recordó en su presentación que el 15 de mayo de 2018 solicitó el apartamiento de Hornos, y de su colega en la Cámara Federal de Casación Eduardo Riggi, en la causa contra Cristóbal López y Fabián De Sousa por presunta defraudación al Estado.

La motivación, según explicó el abogado en su denuncia ante el Consejo, fue la profusión de «irregularidades» y la versión en distintos medios de que los magistrados habían mantenido «contactos previos» con funcionarios del Gobierno anterior.

«Es necesario tener presente que el expresidente Macri había mostrado un particular interés en la situación judicial de mis defendidos, López y De Sousa, manifestando que se sentía ‘indignado’ no solo porque los nombrados habían sido excarcelados, sino también porque le molestaba que en la causa se dispusiera un ‘cambio de carátula'», señaló el letrado en la presentación radicada ayer a última hora.

«Pocas semanas después de estas manifestaciones públicas del ex presidente Macri -completó Beraldi-, los jueces Hornos y Riggi suscribieron una resolución en sentido idéntico a lo que reclamaba el entonces titular del Poder Ejecutivo Nacional».

Recordó también el defensor que en ese momento solicitó como medida de prueba que se constataran los ingresos y egresos a Casa Rosada y Olivos y que ese pedido fue rechazado «in limine» por el mismo magistrado que hoy se conoce mantuvo al menos seis encuentros con el entonces presidente Macri.

«La maniobra de Hornos, con el aval de Riggi, rechazando in limine su propia recusación, impidió que la incidencia tuviera un trámite procesal normal, el cual hubiera conducido a que quedara al descubierto la relación que, al menos Hornos, venía manteniendo con el Presidente Macri», concluyó el penalista.

Fuente: Télam