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Dispuesto a reducir los riesgos de una toma, un atentado y o un desastre ambiental, la Justicia ordenó ayer el despliegue de la Prefectura y la Gendarmería en la refinería y otras instalaciones a la vera del río Paraná de Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López y Fabián de Sousa.

El juez a cargo del concurso de Oil, Javier Cosentino, también ordenó al Ministerio de Seguridad y a la Gobernación santafesina que adopten las medidas necesarias para preservar las instalaciones, ubicadas sobre la hidrovía del Paraná y consideradas de alto valor estratégico.

Cosentino refrendó así el pedido de los interventores de Oil, quienes alertaron sobre los riesgos que corría la planta mientras se intenta evitar la quiebra mediante un proceso de salvataje y corren versiones de que López, De Sousa o incluso el ex administrador Ignacio Rosner podrían fogonear una toma por los empleados.

Las medidas de seguridad abarcan a la refinería, la terminal portuaria y la estación de almacenamiento de Oil Combustibles emplazadas junto a la ciudad santafesina de San Lorenzo, sobre el Paraná y la ruta nacional 11, en pleno corazón agrícola del país. Es decir, el activo más preciado de la petrolera, a su vez motor de todo el Grupo Indalo.

«Cualquier tipo de manifestación o toma violenta o pacífica de los bienes pueden generar serios riesgos a las personas, al medio ambiente y a bienes propios de la deudora [por Oil] y de terceros», plantearon los interventores Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi, por lo que pidieron el despliegue de las fuerzas de seguridad.

Los interventores también pidieron que se sume el gobierno santafesino.»a efectos de mantener asegurados los accesos a las terminales e instalaciones de Oil Combustibles», y que en ese sentido se aboquen a la «custodia permanente de caminos, accesos y perímetros» de las instalaciones.

Mediante un escrito que presentaron en el expediente del concurso, los interventores fundaron su pedido en «las denuncias deducidas en autos», como así también la «relevancia estratégica de las instalaciones» y su «peligrosidad», más aún dado el «estado crítico del proceso» judicial.

Fuente: La Nación