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La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) que reúne a unos 2500 servicios educativos tiene entre 150 y 200 casos de demandas por deudas inexistentes iniciadas por el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) conducido por , detenido en Montevideo e investigado por presunto lavado de dinero. La entidad directamente habla de «extorsión» y de «aprietes» para obligar a la firma de acuerdos.

En el país, según datos de asesores letrados de instituciones educativas, hay unos 2000 juicios iniciados por el sindicato. Mónica Espinosa, titular de Aiepba, señaló  que el sindicato «enviaba convenios para firmar reconociendo la deuda a cambio de una rebaja; son montos reclamados por empleados imaginarios. Actuaban de oficio, presionaban y extorsionaban».

Los abogados de la asociación estudiaron las demandas y aconsejan continuar los juicios porque sostienen que tienen «pruebas en contra» del sindicato, como por ejemplo, las actas apócrifas con las que simulaban inspecciones.

Confirmó que a las escuelas de Buenos Aires, como a las de otras provincias, les planteaban verbalmente pagar el «aporte solidario» sin nombrar personal. «La cuestión era que algo pagaran».

Frente a esta serie de problemas, Aiepba se presentó en el Ministerio de Trabajo de la Nación y pidió ser parte de las paritarias del interior bonaerense; hasta ahora lo eran la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra) y el Consejo de Educación Católica (CEC). Este año se suman a la discusión.

«Es la manera de tratar de cortar con cuestiones como el aporte compulsivo del 1% del personal aunque no esté afiliado que exige Soeme en la provincia y el Saeoep en Caba y primer y segundo cordón», describió Espinosa. Las demandas son «calcos tanto en actas simuladas como en exigencias de pago y ejecuciones», van entre $36.000 y $66.000.

Fuente: la nación