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En un sorpresivo giro, el presidente catalán Carles Puigdemont descartó en un mensaje televisado llamar a elecciones al parlamento regional, como una forma de evitar una intervención de Madrid, porque no obtuvo «una respuesta responsable del PP» de Mariano Rajoy ni «suficientes garantías»para hacerlo.

El parlamento catalán, anunció, «responderá a la intervención del autogobierno de Cataluña» en la sesión convocada para hoy y mañana, en la que podría declarar la independencia.

«Nadie podrá reprochar a la parte catalana voluntad de diálogo y de hacer política. Nadie podrá decir que no he estado dispuesto a sacrificios para garantizar que se pondrían todas las facilidades al diálogo. Pero una vez más comprobamos, con mucha decepción, que la responsabilidad sólo nos es exigida y presionada a unos, y a otros se los permite su absoluta irresponsabilidad», señaló.

Desde temprano, se especuló con que Puigdemont había comunicado a sus diputados la decisión de convocar elecciones autonómicas en un intento por frenar la intervención del Ejecutivo central. Con el adelanto electoral, esperaba que el gobierno español no ejecute la intervención del autogobierno.

Pero la declaración institucional en el Palacio de la Generalitat comenzó a dilatarse y finalmente terminó con el sorpresivo anuncio.

Hoy comienza en el Senado el debate sobre las medidas de intervención del autogobierno de Cataluña aprobadas por el gobierno de Rajoy el sábado pasado y que incluye la destitución de Puigdemont y su ejecutivo.

Hasta este jueves, el principal interrogante era saber qué cámara apretaba antes el gatillo: si el Senado dando el visto bueno a la suspensión de la autonomía catalana o el parlamento en Barcelona declarando la independencia.

En su estrategia de mano dura, Rajoy cuenta con el apoyo del opositor Partido Socialista, de la formación liberal Ciudadanos, y en el plano internacional, de sus socios de la Unión Europea.

El gobierno catalán está aislado a pesar de sus denodados esfuerzos para recabar la atención internacional.

La represión policial el día del referendo, el 1 de octubre, provocó inquietud en algunos países y organizaciones internacionales, pero Madrid subraya que los independentistas han negado los derechos de una gran parte de la sociedad catalana que no desea esta separación.

Cataluña, con un 19% del PIB español, ha visto como cerca de 1.500 empresas han desplazado su sede social fuera de la región a causa de la crisis independentista.

Puigdemont y su gobierno podrían ser condenados por rebelión, pasible con hasta 30 años de cárcel. Pero no declarar la independencia puede indignar a sus partidarios.

Fuente: Ámbito