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Varios opositores al proyecto de legalización del aborto, que este jueves logró media sesión en el Congreso, coincidieron en un argumento: que, de aprobarse en el Senado, sería inconstitucional. Entre ellos está el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera y los constitucionalistas Alberto Bianchi y Gregorio Badeni.

Alegaron que Argentina se comprometió a proteger la vida desde la concepción, cuando en 1994 ratificó diversos tratados internacionales y les dio jerarquía constitucional.

Vigilia en Congreso en apoyo a la ley de legalización del aborto. (Andrés DElía)

El más citado es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica), que establece el derecho de «toda persona a que se respete su vida” y que eso “estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”.

El otro tratado internacional es la Convención sobre los Derechos del Niño, que la Ley 23.849 incorpora como normativa argentina. Establece que “se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción”.

Lipera dijo que si el proyecto de aborto legal, seguro y obligatorio se convierte en ley, habrá “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad». Y aseguró que él mismo está dispuesto y preparado para representar ante la Justicia a quienes se sientan afectados por la eventual ley. En caso de comenzar su camino en Tribunales, la ley podría finalmente llegar a la Corte Suprema.

«Cuando hablan de la inconstitucionalidad de la ley de aborto siempre hablan de la cuestión de fondo, de los tratados internacionales. Primero hay que ver cómo llegarían esos casos a la Justicia. Cómo alguien probaría que siente un agravio, que se siente perjudicado por esta ley, en caso de convertirse en ley», explica a Clarín el abogado constitucionalista Daniel Sabsay.

Los ejemplos más recurrentes sobre quiénes estarían legitimados para accionar en la Justicia son hombres que no quieran que sus parejas aborten, médicos que se nieguen a practicar la interrupción del embarazo –aunque el proyecto aprobado incluye la objeción de conciencia- y clínicas que pertenecen a la Iglesia católica o sigan sus postulados.

«El caso del hombre que se opone al aborto de su mujer o su ex puede entrar a la Justicia, claro, y ahí el juez tendrá que determinar si va a interpretar la la ley desde la defensa del derecho de la mujer o de la paternidad del hombre«, detalla. Lo hace para aclarar que «en caso de que la Corte Suprema decida que ese aborto no se lleve a cabo, se tratará de una sentencia para ese caso, no para todos».

«Una vez que se sancione la ley, ya que es la voluntad general, se supone que es legítimo el aborto. La Justicia no puede derogar una ley, actúa para cada caso. Y eso sienta jurisprudencia», señala Sabsay. El abogado cita como ejemplo la ley de alquileres, que fue derogada. «En su momento, la ley decía que no se podía desalojar a alguien en determinado tiempo. La sentencia declaraba inconstitucional esa ley para un caso, no para todos. Luego, tras la sumatoria de casos, se derogó», pero por una nueva legislación que revisó el tema, no por la decisión de la Justicia.

Mientras que Sabsay asegura que ve «inviable» que una eventual ley de aborto legal se derogue a futuro, Cosme Beccar Varela (hijo), presidente de la Corporación de Abogados Católicos, espera que, en caso de convertirse en ley, «haya muchísimos casos donde la Corte diga que es inconstitucional, para que siente la jurisprudencia que la termine derogando«.

A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos -donde el aborto es legal desde 1973-, Beccar Varela asegura que en Argentina para que una ley sea revisada y derogada «no hay una cifra definida de casos necesarios en los que se haya declarado inconstitucional», pero vaticina que se repetirán «incesantemente los casos contra abortos».

Un manifestante en contra de la legalización del aborto en el Congreso Nacional (Luciano Thieberger)

Respecto a si representaría a una clínica ante la eventual demanda de una mujer que la acuse de no querer practicarle un aborto, el abogado dice que sí lo haría y da detalles de cómo patrocinaría a los dueños: «Desde el derecho a la propiedad privada, desde el derecho al trabajo. Vos tenés una clínica y sos libre para tener los servicios que quieras«. Para el mismo caso, Sabsay asegura que la clínica «quizás debería encontrar un médico que sí realice el aborto». El proyecto aprobado por Diputados habilita la objeción de conciencia individual de los médicos, pero establece que el centro de salud debe garantizar la práctica a la mujer.

En este marco, con el proyecto de la legalización del aborto que podría llegar al Senado antes del receso de invierno, Beccar Varela insiste en que «es muy común que la Corte Suprema declare inconstitucional una ley y luego se termine derogando» y pone de ejemplo casos fiscales. «Como el ahorro forzoso en la época de Alfonsín. Hoy ya no se puede obligar a la gente a ahorrar. Espero que en Argentina no se termine obligando a la gente a matar bebes», cierra.

Fuente: Clarín