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Se cumplen dos años de la Time Warp, la fiesta electrónica que terminó con cinco jóvenes muertos y otros tantos heridos. La causa llegó a tener cuatro organizadores presos, tres prófugos y más de 30 funcionarios del Gobierno porteño y la Prefectura procesados por un fiscal y un juez que aseguraron que el juicio oral estaba cerca. Pero los presos fueron liberados, el fiscal y el juez apartados de la investigación, se duda de las autopsias y el juicio está lejos de comenzar.

Desde el ámbito judicial adelantan que “el juicio está lejos, no está cercano”. Es que los organizadores de la fiesta continúan con la misma estrategia dilatoria desde que fueron imputados: piden que se tomen más testimonios. A su vez, los familiares de los jóvenes muertos -apoyados por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad- piden más pericias. Dudan del informe del Cuerpo Médico Forense, que sostiene que murieron por “policonsumo”, un cóctel que incluiría marihuana, cocaína y drogas sintéticas. “Es como decir que se suicidaron para que no haya culpables”, explican los familiares. Ya no creen que vaya a haber justicia para sus hijos: “Es una causa que involucra a muchos pesos pesados, y nosotros no somos nada”.

En la madrugada del 16 de abril de 2016, en el predio Costa Salguero, más de 20 mil jóvenes participaron de la fiesta que terminó al amanecer con 5 muertos: Francisco Bertotti, Nicolás Becerra, Andrés Valdez, Martín Bazzano y Bruno Boni.

El fiscal federal Federico Delgado y el juez federal Sebastián Casanello se hicieron cargo de la causa. Tras varios allanamientos, pruebas, indagatorias y más de 150 testimoniales plantearon que la fiesta había sido una máscara montada para hacer negocios: los organizadores -con ayuda de prefectos e inspectores- habían dejado entrar dealers para que vendieran drogas sintéticas a los jóvenes y para que además consumieran mucha agua. El predio había sido habilitado para 13.000 asistentes, pero entraron 20.500. Faltaba ventilación, socorristas, bomberos y médicos. Las canillas de los baños no funcionaban y el agua Block que vendían los organizadores costaba 100 pesos la botellita. En la causa se lee “ámbito propicio”, “negocio del agua”, “zona liberada”.

Casanello imputó también a seis inspectores de la Agencia Gubernamental de Control porteña: Claudio Iacobaccio, Fernán García Vásquez, Pablo Fontanelas, Gustavo Herms y Néstor Cella. Los procesó por comercialización de estupefacientes, abandono de personas seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Cámara de Apelaciones sólo confirmó esto último.

“Unos afuera del predio y otros adentro, los integrantes de la fuerza de seguridad se organizaron de acuerdo al plan trazado por los empresarios”, sostuvo el juez, que procesó a 25 hombres de la Prefectura por comercialización de estupefacientes, abandono de personas seguido de muerte, incumplimiento de los deberes de funcionario público y dejar de promover la persecución penal. La Cámara sólo confirmó estos últimos dos delitos.

Pero Delgado y Casanello fueron apartados de la causa. Stinfale no les perdonó que lo mandaran preso a Marcos Paz, donde estuvo 70 días. Invitado al programa «Animales sueltos», de Alejandro Fantino, Sobre Delgado, Stinfale dijo abiertamente que se lo iba “a cargar”. Así fue. Y luego le llegó el turno al juez.

Ahora el fiscal es Ramiro González y el juez, Marcelo Martínez Di Giorgi. Faltan testimoniales pedidas por la defensa a empleados y jóvenes que fueron al evento y falta un informe toxicológico del Cuerpo Médico Forense, una contraprueba sobre el consumo de drogas. “Impugnamos la pericia oficial porque no coincidimos en lo que decía, y porque quien firmó esa pericia luego se contradijo en una audiencia, por eso esta persona está imputada por falso testimonio”, explicó a Clarín Alejandro Amor, el defensor del Pueblo. Esta pericia, que va a confirmar la causa de las muertes, la habían pedido los familiares de las víctimas hace mucho tiempo, pero el cromatógrafo para hacer la prueba se rompió. La Corte Suprema tuvo que hacer una licitación para comprarlo en el exterior. El aparato ya está en el país. Lo están calibrando.

«Queremos que haya Justicia, y también estamos preparados para intervenir si la causa se dilata en el tiempo. Es natural que los familiares tengan desazón, pero debemos continuar para que la Justicia actúe, es nuestra obligación -dice Amor-. Un joven que se va a divertir tiene derecho a volver a su casa bien. Este caso no puede quedar impune».

Fuente: Clarín