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Graciela Fernández Meijide se manifestó a favor de que al represor Alfredo Astiz pueda salir en libertad. «Deberían mandarlo a su domicilio con prisión domiciliaria, con la pulsera electrónica», expresó la dirigente de Derechos Humanos sobre el excapitán de Fragata de la Armada, condenado dos veces a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.
Astiz integra la lista que elabora el Servicio Penitenciario Federal (SPF) sobre los presos en condiciones de obtener la libertad. El represor, de 67 años, padece cáncer de próstata, pero hasta ahora no pidió un cambio en sus condiciones de detención ante el Tribunal Oral Federal Número 5.
«Astiz me sigue produciendo rechazo, pero a determinada edad o enfermedades no se debe mantener una persona en prisión. Hasta el peor enemigo tiene derechos», dijo Fernández Meijide, exintegrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada en 1983 para investigar la desaparición forzada de personas en la última dictadura militar.
Fernández Meijide considera que hay «sentimientos contradictorios». «No es que yo perdone a Astiz, pero se equivocó quien creyó que peleábamos solo por el derecho de nuestros hijos. Yo peleo por el futuro de nuestro país y lo haré mientras me duren las fuerzas», dijo la dirigente en una entrevista a radio La Red. A Fernández Meijide en 1976 le secuestraron y desaparecieron a su hijo Pablo, de 17 años.
El SPF, el organismo dependiente del Gobierno que realiza estas listas, aclaró que sus informes no son vinculantes, que la liberación de los presos depende de la Justicia y que se deben a la delicada situación por la que atraviesan las prisiones federales, por la superpoblación carcelaria.
La institución recordó que desde 2016 se elaboran informes mensuales sobre la cantidad de procesados y condenados que están en condiciones de acceder a distintos institutos previstos por la ley y los organismos internacionales.
En esa lista, además de los presos por delitos de lesa humanidad, también figuran personas de más de 70 años; internos con enfermedades terminales o discapacitados; mujeres embarazadas o con hijos de hasta 4 años; de baja peligrosidad; y del colectivo de gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGTBI).
