No Banner to display

La Justicia decidió unificar dos causas contra Cristina Kirchner, la del direccionamiento de la obra pública y la Ruta del Dinero K. Fue una decisión del Tribunal Oral Federal 2, que recibió la semana pasada la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez y determinó que el expediente quede en el TOF 9. Este último tribunal es el que tiene a su cargo el juicio por lavado de activos (conocido como «la ruta del dinero K»). De esta manera, todo se encamina hacia un mega juicio por corrupción contra la ex Presidenta y varios de sus ex funcionarios donde las dos causas irían a juicio unificadas.

«Corresponde que sea el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 9 quien concentre y unifique la tramitación de ambos procesos», expresó el TOF 2 en su resolución. Así, el TOF 9 -integrado por los jueces Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra- tendrá a cargo las dos causas.

Ahora, se espera que la Justicia use el mismo criterio en otras causas que complican a la ex presidenta cuando sean elevadas a juicio oral.

Esos expedientes son Hotesur (firma hotelera investigada por lavado) y Los Sauces (causa que investiga el alquiler de propiedades), que también podrían confluir cuando sean elevados a juicio oral en un mega juicio.

El juicio ahora unificado podría mostrar a la ex presidenta sentada junto a Máximo y Florencia, a pocos metros de su ex socio comercial Lázaro Báez, que se acomodará en el banquillo junto a sus hijos. En la misma sala estarán Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, entre otros y los acusados en la ruta del Dinero K: Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Fabián Rossi, entre otros. Todos reunidos en un mismo juicio, para responder -junto a la participación de otros actores- por la gran “matriz de corrupción que comenzó el 25 de mayo de 2003”: el día que los Kirchner llegaron a la Casa Rosada.

La razón de esta decisión responde a un planteo de la fiscalía a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y de su par Ignacio Mahiques, quienes intervinieron en la causa que investigó la adjudicación de 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos a favor del empresario K «plagados de irregularidades».

En su planteo, indicaron que la existencia y funcionamiento de la asociación ilícita de carácter «estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex Presidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su extrema confianza» fue construida «base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado».

Para los representantes del ministerio público fiscal, los integrantes de la asociación ilícita escogieron a la obra pública vial «como uno de los medios propicios para obtener el dinero del Tesoro Nacional». Esto derivó en otra instancia: «convertir en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad».

Esta parte de la maniobra se materializó con el «lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades», según se investiga en las causas Hotesur y Los Sauces respectivamente: son las empresas de la familia Kirchner en las que participó Báez.

Este flujo de fondos tiene su vinculación, según la justicia, con la «ruta del dinero K». El juez Casanello, que investigó ese caso, señaló que desde fines del año 2010 se «pergeñó una ingeniería financiera para el millonario blanqueo de dinero, con Báez a la cabeza, y que muchas de las personas que lo auxiliaban en esa tarea realizaban a su vez desmesuradas inversiones en bienes y servicios suntuosos con el dinero habido a partir de su participación en la estructura societaria y bancaria para canalizar el dinero espurio proporcionado por Lázaro Báez”.

El TOF 2, además, planteó que no sólo por ser «más compleja» la causa por lavado debía el tribunal 9 recepcionar la causa por el direccionamiento de la obra pública, sino también porque la Cámara Federal porteña estableció la conexión entre dichos expedientes.