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Pasó inadvertido pero parece toda una señal. Una de cal, otra de arena. El mismo día en que ordenaba liberar al cuestionado empresario kirchnerista Cristóbal López pese a su multimillonaria deuda impositiva, la sala I de la Cámara Federal penal porteña confirmaba el viernes pasado la desestimación de una denuncia contra el presidente Mauricio Macri.

En efecto, con la firma, en este orden de votos, de los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, y sin necesidad de acudir a un colega de la sala II porque no había nada que desempatar -como pasó en el caso de López- el tribunal confirmó una decisión del juez de instrucción Daniel Rafecas que había sido apelada por la fiscal Paloma Ochoa.

Se trata de la denuncia formulada a fines de 2016 por el presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático en la República Argentina, Fernando Míguez, con apoyo de diputados kirchneristas, por el Memorándum de Entendimiento firmado en noviembre de ese año por la Argentina y el estado de Qatar a través del cual se dispondría de los recursos correspondientes al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La misma había sido desestimada por Rafecas por inexistencia de delito.

Tanto Ballestero como Bruglia coincidieron en afirmar que no se trata de una acción punible porque no hay ningún hecho concreto ya que apenas se trató de una carta de entendimiento sin efectos sobre la normativa local. El denunciante había dicho que el Memorándum colisionaba con el «ordenamiento jurídico» argentino.

«De su propio contenido se evidencia claramente la esencia de un instrumento que las partes utilizaron simplemente para dejar constancia de conversaciones donde expresan su voluntad para que en el futuro se concrete o no un posible acuerdo, es una mera expresión de intenciones que no necesariamente han de llevarse a cabo, condicionadas –en todos los casos- a que no se contraríen los ordenamientos legales de la República Argentina, lo que de por sí descarta –desde el inicio- cualquier posible atisbo de ilicitud», sostuvo Bruglia luego de citar el texto del acuerdo.

A la misma conclusión había arribado Rafecas para desestimar la denuncia, cuando era investigado en el Consejo de la Magistratura con impulso del oficialismo. La fiscal Ochoa, identificada con la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, con el respaldo del fiscal de Cámara Germán Moldes, enfrentado con esa asociación, apeló la decisión de Rafecas, pero no pudo pasar el filtro de la Cámara.

«Tras el estudio de la documentación obrante en la presente causa coincido con el a quo (el juez inferior, Rafecas) en que el Memorándum de Entendimiento cuestionado no se instituye, hoy, en un acto jurídico susceptible de ser abordado desde este ámbito penal», sostuvo a su turno Ballestero.

Ese mismo día este magistrado ordenaba la polémica liberación del titular de la empresa Oil Combustibles y sumaba la adhesíón de su colega Eduardo Farah, de la sala II, contra la postura de Bruglia, que había votado por mantener en prisión a Cristóbal López.

Macri salió el domingo a cuestionar fuertemente la decisión de esos dos jueces y dijo sentirse «indignado» por la libertad otorgada a López pese a la multimillonaria deuda que su empresa petrolera mantiene con la AFIP a raíz de no haber derivado al fisco, como agente de retención, el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) cada vez que un automovilista cargaba nafta en sus estaciones de servicio.

Fuente: Clarín