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«Denunciadora denunciada», así podría llamarse un capítulo de una miniserie sobre la vida política de Graciela Ocaña, la diputada nacional de Cambiemos encargada de llevar con frecuencia a la justicia acusaciones de corrupción contra dirigentes opositores. Es que el exlegislador porteño Gustavo Vera denunció a la «Hormiguita» por la posible comisión de los delitos de «enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con su condición de funcionaria pública y falsedad maliciosa» en la presentación de su Declaración Jurada (DDJJ) de 2016.

Vera acusó ante la justicia a Ocaña a partir de tres elementos: la DDJJ 2016 y presuntos «incrementos e inconsistencias», una empresa constructora de su propiedad e hipotéticos favores de obra pública de intendentes PRO, y la polémica Fundación “Confianza Pública” y los gastos de las campañas electorales.

«Graciela Ocaña, según consta en la declaración jurada que presentó en 2016 ante la Oficina Anticorrupción, tuvo un notable incremento patrimonial respecto a lo manifestado en la planilla del año anterior. Ascendió de $1.523.321,70 a $4.052.874,46, aclarándose que había adquirido deudas por $629.714,03. En la DDJJ se pueden apreciar, además de incrementos patrimoniales no justificados, diversas inconsistencias», comienza el texto respecto del primer elemento.

Allí, Vera sostuvo que Ocaña incurrió en diversos posibles delitos que la justicia debería investigar: un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires «adquirido según afirma, mediante el otorgamiento de un crédito en el año 2013», por $630.000, valor que «sería inferior al real»; otro inmueble, también comprado mediante crédito en el año 2000, con un valor de «un centavo de peso, a pesar de que a la fecha original de la adquisición manifestó que el precio correspondiente era de $282.097»; dos autos también valuados en un centavo cada uno; una caja de ahorro con más de $150 mil obtenidos de la venta de activos sin especificar su origen y que, además, se convirtieron en casi $1 millón; un supuesto terreno baldío de $900 mil en un barrio privado, en el que en realidad habría una «lujosa casa valuada en un millón de dólares»; y una constructora, que comparte con un empresario que vive en el mismo country del «terreno baldío», que le dio más de $1 millón.

Por otra parte, el dirigente de La Alameda apuntó contra la constructora Área Tr3s Constructora SA, sociedad que «actualmente se encuentra con un proceso de iliquidez debido a la extensión de 5 cheques sin fondos, por un total $139.351,00» y que en abril de 2016 «fue adjudicataria en el Municipio de Pilar», donde gobierna el macrista Nicolás Ducoté, «para llevar adelante el mantenimiento de la Escuela Secundaria 16 – Presidente Derqui, para la reparación de techos y zingueria, por la suma de $805.400,00».

Finalmente, Vera consignó en la denuncia, que recayó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, que «Ocaña es presidente honorífica de la “Fundación Confianza Pública”, mientras que «Marta Velarde, coordinadora académica de la fundación, es empleada de la Legislatura Porteña desde marzo de 2016, además de ocupar un cargo como síndico en la Agencia de Bienes de la Ciudad de Buenos Aires”.

Confianza Pública, cuyo directorio está integrado por diversas personas que trabajan en organismos públicos por los que pasó la «Hormiguita», según la presentación judicial, tiene tres domicilios. Uno de ellos es en Azucena Villaflor 350, donde también posee Ocaña de manera particular, ubicado en el edificio “Madero Center”, el del escándalo llamado “La Rosadita”.

Fuente: Política Argentina