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El titular del Ministerio de Salud de la Nación, el médico y epidemiólogo Adolfo Rubinstein, aseguró que está de acuerdo con que se realice un debate sobre el aborto legal en el Congreso. Desde su cartera, prometió que mandará a los legisladores toda la información necesaria, basada en la evidencia científica, para que «se tome la mejor decisión». Además, anunció que se creará la Dirección Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que hasta el momento era solo un programa que se creó por ley en 2002.
Durante la entrevista que se realizó en el despacho del funcionario, en el edificio ubicado en la Avenida 9 de Julio al 1900 en Capital, Rubinstein subrayó: «Desde el Ministerio de Salud de la Nación, tenemos varias responsabilidades. Una de ellas es prevenir el aborto. Y la única manera de prevenirlo es dar educación sexual e integral, y anticonceptivos. En eso estamos muy embarcados, especialmente con los grupos más vulnerables, como los adolescentes, que comienzan su vida sexual. Tiene que haber educación sexual en las escuelas, y tenemos que garantizar la entrega de anticonceptivos».
Desde el año 2002 rige en la Argentina la Ley 25.673 que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable para bajar el número de embarazos no deseados, y para garantizar el acceso a la información, la atención en salud y a los métodos anticonceptivos a toda la población. Desde entonces, agrupaciones de derechos humanos y feministas han advertido en varias oportunidades que la norma no se implementaba totalmente en todas las provincias y que generaba desigualdad entre los ciudadanos que pueden acceder a la información y a los anticonceptivos y los que encontraban barreras. El Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación que tiene a cargo las tareas de implementar y hacer seguimiento y evaluación del programas.
«Considero que hay que garantizar la información responsable, la educación sexual integral y los anticonceptivos. Que no haya nadie que por no tener información o cobertura no pueda tener acceso y disponibilidad de los anticonceptivos. Nosotros estamos distribuyendo anticonceptivos como dispositivos intrauterinos, implantes subdérmicos, entre otros, a todos los centros de atención del país. Nos encargamos de que se entreguen y de que lleguen», comentó el ministro, quien se formó en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, y en la Universidad de York, del Reino Unido. Además, agregó: «Le estamos elevando la jerarquía al programa nacional, y pasará a ser pronto una dirección nacional».
Con respecto al aborto en particular, Rubinstein diferenció la situación vigente del futuro debate en el Congreso. El jueves 22 de febrero se informó que el gobierno de Mauricio Macri estaría dispuesto a facilitar el debate sobre la despenalización total del aborto en el Congreso. «En el caso de la interrupción del embarazo, existen hoy condiciones que han sido exceptuadas en el Código Penal y en el Fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012. Allí está claro cuáles son las condiciones de aborto no punible, que nosotros como Ministerio de Salud tenemos que garantizar», resaltó Rubinstein.
Desde 1921, el artículo 86 del Código Penal de la Argentina establece que toda persona con capacidad de gestación puede interrumpir un embarazo cuando representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios.
También hay otras tres situaciones en las que el aborto está legalmente aceptado son: cuando el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer, cuando proviene de una violación o cuando proviene de una violación de una mujer con discapacidad intelectual. En todos esos casos, el ejercicio de la interrupción legal del embarazo se encuadra dentro de los derechos de autonomía, salud, privacidad, educación, vida, y por los principios de no discriminación e igualdad.
Sin embargo, a pesar del Código Penal y del fallo de la Corte Suprema, hubo mujeres que enfrentaron dificultades de acceso a los abortos no punibles. En 2010, el entonces ministro de Salud Juan Manzur no quiso firmar el protocolo para realizar los abortos no punibles o legales. Recién en 2015 lo avaló su sucesor, Daniel Gollan. Según dijo Rubinstein, «el protocolo está colgado en la web del Ministerio. Sí, le vamos a dar apoyo político, porque nosotros tenemos que garantizar lo que dice el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que conmina a la autoridad nacional a garantizar que no se judicialice y se efectivice el acceso a la interrupción legal del embarazo, cuando se cumplen las condiciones especificadas en el Código Penal».
Con respecto al debate futuro en el Congreso y en sintonía con la decisión del Gobierno, el ministro Rubinstein consideró que es importante que el debate se lleve a cabo. La responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación es darles a los legisladores las mejores evidencias científicas para que tomen las mejores decisiones». El debate en el Congreso pasará por el debate sobre la ampliación del derecho al aborto. El 19 de febrero se realizó una masiva marcha (el «Pañuelazo») en el Congreso en la que se reclamó por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito.
«En los países desarrollados hay más académicos que promueven que la política tome decisiones basadas en las evidencias científicas. ¿Intentará lo mismo?», le preguntó Infobae al ministro. «Sí, lo intentaremos. Vengo de ese palo. Las decisiones deben estar basadas en la evidencia científica. No deben tomarse ‘porque a mí me parece’, o ‘porque siempre se hizo así’, respondió.
Fuente: Infobae
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